El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó bajo la lupa judicial por una hipoteca impaga vinculada a un departamento que heredó y por la que, lejos de regularizar la situación, solicitó la prescripción de la deuda.
El caso de Manuel Adorni quedó registrado en un expediente de ejecución hipotecaria en el que se detalla que el actual funcionario nunca abonó la hipoteca del departamento que heredó. La situación se conoció a partir de documentación judicial a la que accedió este diario, donde se reconstruye el derrotero de la deuda y las presentaciones del hoy jefe de Gabinete.
De acuerdo a lo asentado en el expediente, la propiedad estaba alcanzada por una hipoteca constituida a favor de acreedoras privadas. Tras recibir el inmueble, Adorni no avanzó con un plan de cancelación ni registró pagos que permitieran reducir el saldo pendiente, lo que derivó en el inicio de la vía judicial para reclamar el cobro.
La ejecución hipotecaria es el proceso mediante el cual el acreedor intenta recuperar el capital prestado a través de la subasta del bien. En este caso, el expediente refleja que la deuda se fue acumulando con el paso del tiempo, mientras el funcionario mantuvo su posición de no reconocer pagos ni acordar una refinanciación.
La estrategia de defensa de Manuel Adorni
Según surge de la causa, luego de las elecciones generales y apenas días antes del balotaje que consagró a Javier Milei como presidente de la Nación, Adorni presentó un escrito clave. En esa presentación, el actual Jefe de Gabinete pidió que se declare la prescripción de la deuda hipotecaria, es decir, que se considere extinguida por el paso del tiempo.
La prescripción es una figura prevista en la legislación civil que permite dar por finalizada una obligación cuando el acreedor no la reclama en un plazo determinado. Sobre esa base, Adorni argumentó que las acreedoras demostraron un supuesto “desinterés” en avanzar con el cobro, lo que a su criterio habilitaba a cerrar definitivamente el reclamo en su contra.
En esa línea, el funcionario apuntó a la inactividad procesal de la parte demandante como fundamento central de su pedido. Su intención fue que el juzgado declare extinguida la acción hipotecaria y, con ello, liberar al inmueble de la carga que pesaba sobre el título de propiedad.
Un expediente que suma tensión política
El avance de este expediente se da en un contexto político delicado, ya que Adorni se convirtió en uno de los voceros más visibles de la gestión de Javier Milei. Su rol como Jefe de Gabinete lo ubica en el centro de la escena nacional, lo que amplifica el impacto público de cualquier controversia patrimonial o judicial que lo involucre.
Si bien la discusión se concentra en un conflicto entre particulares, el hecho de que se trate de un funcionario de primera línea del Gobierno nacional convierte al caso en un tema de interés público. La documentación del expediente permitirá determinar si la Justicia hace lugar al planteo de prescripción o si entiende que existió actividad suficiente de las acreedoras para mantener viva la acción.
Por ahora, el caso pone el foco en la conducta asumida frente a una obligación hipotecaria y en la estrategia de defensa seleccionada por Adorni, basada en señalar la pasividad de quienes reclaman el pago. El desenlace judicial marcará si el funcionario logra finalmente desprenderse de esa deuda o si el conflicto patrimonial continúa abierto.
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