Las diferencias dentro del oficialismo provincial volvieron a poner un freno al avance de la ley de cuidacoches, un proyecto que venía ganando terreno en la Legislatura pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su enfoque punitivo y el modo en que debe regular una actividad extendida en las calles santafesinas.
Las diferencias dentro del oficialismo provincial volvieron a poner un freno al avance de la ley de cuidacoches, un proyecto que venía ganando terreno en la Legislatura, pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su enfoque punitivo y el modo en que debe regular una actividad extendida en las calles de Santa Fe.
El tratamiento de la iniciativa quedó empantanado por las dudas de sectores de Unidos, en especial del socialismo, que reclama revisar el perfil sancionatorio del proyecto y abrir una mesa de diálogo amplia antes de avanzar con la votación.
Un proyecto que parecía encaminado
En las últimas semanas, la propuesta para regular la tarea de los cuidacoches había logrado instalarse en la agenda legislativa, con respaldo de buena parte del oficialismo y expectativa en municipios que buscan ordenar el espacio público. Sin embargo, al momento de encarar la redacción final surgieron disidencias sobre el grado de penalización previsto para quienes incumplan la norma.
Dentro de Unidos, el socialismo se plantó frente a los artículos más duros y advirtió que una respuesta basada centralmente en el castigo puede resultar ineficaz y hasta contraproducente si no se acompaña con políticas sociales, laborales y de inclusión para quienes hoy viven de esta actividad.
El contrapunto obligó a frenar el avance del texto que parecía tener el camino despejado. Ahora, las distintas bancadas oficialistas deberán acordar si se introducen cambios de fondo al régimen de sanciones o si se mantiene la letra original, con el riesgo de profundizar las tensiones internas.
Pedido de diálogo y nueva ronda de consultas
El socialismo insiste en que la ley no puede limitarse a perseguir a los cuidacoches, sino que debe contemplar alternativas de formalización del trabajo, regulación clara de zonas y horarios, y mecanismos de control que no deriven automáticamente en la criminalización de quienes dependen de la changa diaria.
En este marco, los legisladores que cuestionan el enfoque original exigen constituir una mesa de diálogo con participación de representantes de municipios, organizaciones sociales, especialistas en seguridad urbana y actores vinculados a la economía popular, para discutir de manera integral qué modelo de regulación necesita la provincia.
Como parte de esa búsqueda de consensos, este miércoles se pondrá en marcha una nueva ronda de consultas en la Legislatura. El objetivo es recoger aportes, revisar artículos polémicos y evitar que el proyecto se estanque definitivamente en medio de la interna oficialista.
Mientras tanto, la discusión sobre cómo abordar el fenómeno de los cuidacoches se consolida como uno de los debates sensibles de la agenda pública santafesina, donde conviven reclamos por mayor seguridad y orden con la necesidad de no agravar la situación de sectores ya atravesados por la precariedad laboral y la pobreza.
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