El juez federal Adrián González Charvay hizo lugar a una medida cautelar y exigió al Ministerio de Capital Humano que garantice la continuidad de la prestación de setenta y ocho mil pesos para los casi un millón de beneficiarios en todo el país.
La justicia federal frenó recientemente el intento del Poder Ejecutivo Nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo. El juez Adrián González Charvay ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener el pago de las prestaciones económicas de forma inmediata. Esta medida cautelar protege a casi un millón de beneficiarios en todo el país que perciben una asistencia de 78.000 pesos.
El magistrado otorgó un plazo de tres días para que la cartera estatal regularice los depósitos correspondientes a este mes de abril. Según el fallo judicial, la interrupción abrupta de estos fondos vulnera derechos constitucionales básicos de los sectores más desprotegidos. Asimismo, el juez argumentó que el sistema de vouchers propuesto por el Gobierno no garantiza la subsistencia mínima de los ciudadanos.
Por su parte, las organizaciones sociales celebraron la decisión tras realizar diversas protestas en ciudades como Córdoba. Los referentes territoriales sostienen que estos recursos resultan vitales para el consumo de alimentos en los comercios barriales. Por lo tanto, la suspensión de los pagos representaba un impacto millonario negativo para la economía regional y local.
En tanto, el Gobierno nacional cuestionó la imparcialidad del magistrado y anunció que apelará la resolución ante instancias superiores. Desde la Casa Rosada defienden la reformulación del programa para eliminar la intermediación de los movimientos sociales. Sin embargo, la justicia recordó que rige un principio de no regresividad sobre los derechos sociales ya adquiridos por ley.
Así, el conflicto legal se suma a otras disputas abiertas entre el Poder Judicial y la gestión del presidente Javier Milei. Mientras tanto, los beneficiarios del plan Volver al Trabajo esperan la acreditación de sus haberes bajo apercibimiento de multas al Estado. La sentencia definitiva sobre la continuidad del programa se conocerá tras el análisis de la cuestión de fondo.
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