El traspaso de rutas nacionales a la Provincia abrió un fuerte interrogante en Santa Fe: mientras la Nación avanza con un decreto, el gobierno de Maximiliano Pullaro advierte que faltan precisiones y la crisis de siniestralidad vial sigue en aumento.
En las últimas horas, el gobernador Maximiliano Pullaro marcó distancia respecto del decreto del Poder Ejecutivo nacional que habilita el traspaso de rutas nacionales a la Provincia. “Nos entusiasmamos cuando salió, pero cuando lo leímos tomamos un poco de distancia”, admitió, y pidió “mucha cautela” antes de avanzar.
El mandatario provincial remarcó que el Gobierno nacional “pasa la pelota” a las provincias en materia de infraestructura vial, pero sin dejar en claro cuáles serán las reglas del juego: qué tramos se transferirán, cómo se financiarán las obras y qué responsabilidades asumirá cada jurisdicción.
Siniestralidad en aumento y rutas al límite
Mientras la discusión política se estira, la situación sobre el asfalto muestra su cara más dramática. En la ruta nacional 34, una de las más transitadas por el transporte de carga del país, se registraron 12 personas fallecidas en 9 siniestros viales solo en los primeros meses del año.
Los datos dan cuenta de una traza saturada, con calzada deteriorada, banquinas angostas y un intenso flujo de camiones que comparten espacio con vehículos particulares y transporte de pasajeros. La combinación de alto tránsito, falta de mantenimiento y demoras en las obras configura un escenario de riesgo permanente.
En paralelo, se aproxima la cosecha gruesa, etapa en la que el caudal de camiones se multiplica rumbo a los puertos del Gran Rosario y otros nodos logísticos de Santa Fe. Productores, transportistas y autoridades locales alertan que, sin un refuerzo inmediato de la infraestructura, las rutas “muy complicadas” podrían colapsar.
Qué falta definir sobre el traspaso de rutas
El decreto nacional abre la puerta a que provincias como Santa Fe asuman el control de tramos estratégicos de la red vial. Sin embargo, desde la Casa Gris señalan que aún no está claro si el traspaso incluirá fondos para obras y mantenimiento o si se trasladará el costo a los presupuestos provinciales.
También resta definir el esquema de eventuales peajes, concesiones o convenios con el sector privado, y qué ocurrirá con los contratos vigentes bajo órbita nacional. Pullaro anticipó que, sin precisiones jurídicas y financieras, la Provincia no avanzará a ciegas.
En ese marco, especialistas en seguridad vial y logística coinciden en que el foco debe estar puesto en reducir la siniestralidad y garantizar corredores seguros para la producción agroexportadora. El desafío será que la discusión política por el traspaso no dilate las decisiones urgentes que hoy reclaman las rutas santafesinas.
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