La gestión de Axel Kicillof llevó a la Corte Suprema un nuevo reclamo millonario contra el Estado nacional por el presunto incumplimiento de acuerdos fiscales firmados en 2017 y 2023.
La provincia de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación su octava demanda contra el Gobierno nacional. En esta oportunidad, el reclamo asciende a $1,13 billones y se fundamenta en un supuesto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y de un convenio celebrado en 2023.
Según informó la administración bonaerense, la demanda apunta a que la Nación habría dejado de transferir fondos comprometidos en esos acuerdos, lo que, a criterio del equipo económico de Axel Kicillof, generó un fuerte perjuicio en las finanzas provinciales.
La presentación judicial no solo pide que se reconozca la deuda y se ordene su pago, sino que también incluye una solicitud de medida cautelar. Con esa herramienta, la Provincia busca que la Corte disponga pagos o compensaciones en forma anticipada, mientras se tramita el expediente principal.
Reclamo por acuerdos fiscales incumplidos
El Consenso Fiscal 2017 fue firmado entre el Gobierno nacional y la mayoría de las provincias con el objetivo de ordenar la estructura tributaria y el esquema de transferencias. En ese marco, se establecieron compromisos cruzados: las jurisdicciones se comprometían a modificar impuestos locales y la Nación a garantizar una serie de envíos de fondos.
Desde la gobernación bonaerense sostienen que esos compromisos no se habrían cumplido en su totalidad, y que esa falta de transferencias se arrastra hasta la actualidad, pese al convenio específico suscripto en 2023 para regularizar la situación.
En sus presentaciones anteriores, Kicillof ya había cuestionado la reducción o suspensión de distintos programas y giros federales. Ahora, con esta nueva acción, refuerza la estrategia de judicializar el conflicto por los recursos que considera que le pertenecen a la Provincia de Buenos Aires.
Impacto en la disputa por fondos entre Nación y provincias
La escalada de demandas ante la Corte Suprema se inscribe en un contexto de fuerte tensión fiscal entre la administración nacional y las provincias. Cada nuevo reclamo abre un frente de conflicto adicional en torno al reparto de recursos, en momentos en que las cuentas públicas atraviesan una etapa de ajuste y reordenamiento.
Para la Provincia de Buenos Aires, el monto reclamado podría resultar clave para sostener programas sociales, obras de infraestructura y el funcionamiento cotidiano del Estado. En paralelo, el debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de la recaudación vuelve a instalarse en la agenda política y judicial.
La resolución de la Corte será determinante no solo para el distrito que gobierna Axel Kicillof, sino también como antecedente para otras provincias que analizan seguir el mismo camino y llevar sus reclamos por fondos a la Justicia.
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