La Argentina obtuvo un fuerte respaldo judicial en Estados Unidos luego de que la Cámara de Apelaciones dejara sin efecto la millonaria condena por la estatización de YPF, un fallo que alivia la exposición financiera del país y redefine el largo litigio por la petrolera.
La justicia de Estados Unidos anuló la condena de u$s 16.100 millones contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones, que revocó el fallo de primera instancia que había responsabilizado al Estado nacional por el proceso de estatización de la compañía petrolera realizado en 2012.
El tribunal de segunda instancia consideró que el criterio aplicado por la jueza que intervino inicialmente no se sostenía y dejó sin efecto la indemnización fijada en su momento a favor de los demandantes, vinculados a antiguos accionistas de la firma. De esta manera, se desactiva una de las sentencias más onerosas que enfrentaba el país en tribunales extranjeros.
La Cámara también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad en el marco del litigio. Según la resolución, la empresa no incurrió en incumplimientos propios durante el proceso de expropiación y no debía responder por decisiones soberanas adoptadas por el Estado argentino.
Qué implica el fallo para el país y para YPF
La revocación de la condena supone un alivio significativo para las cuentas públicas, ya que el monto fijado en la primera instancia ascendía a 16.100 millones de dólares, una cifra que superaba con creces la capacidad de pago inmediata de la Argentina. El fallo de la Cámara recorta de manera drástica ese riesgo y mejora la posición del país en su frente judicial internacional.
Para YPF, el pronunciamiento despeja dudas sobre su eventual responsabilidad directa en los hechos cuestionados. La confirmación de que la petrolera no debe responder por la expropiación fortalece su posición corporativa y ayuda a reducir la incertidumbre que pesaba sobre sus activos y sus operaciones futuras.
El conflicto tuvo su origen en la estatización dispuesta en 2012, cuando el Estado argentino avanzó en la adquisición del control de la compañía. Los demandantes alegaban que no se habían cumplido determinadas cláusulas respecto de la oferta a los accionistas minoritarios, lo que derivó en la demanda que dio lugar a la sentencia ahora revocada.
Con este nuevo fallo, el país mejora su margen de maniobra en la relación con los mercados y en eventuales negociaciones futuras. Al mismo tiempo, el caso vuelve a marcar la relevancia que tienen los litigios en el exterior sobre la economía argentina y sobre empresas estratégicas como YPF.
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