La causa por presuntas irregularidades en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo: la Justicia citó a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, señalado por no entregar claves de correos electrónicos corporativos durante un procedimiento judicial.
El imputado es Hernán Daniel Díaz, responsable del área de sistemas de la droguería Suizo Argentina. Fue citado por el presunto delito de desobediencia judicial, luego de que, durante un operativo realizado en agosto pasado, no facilitara las claves de acceso a las cuentas de correo electrónico de la empresa que habían sido requeridas por la Justicia.
De acuerdo a la investigación, la falta de colaboración habría entorpecido la obtención de información considerada clave para reconstruir el circuito de comunicaciones interno de la compañía, en el marco de un expediente que ya tenía la mira puesta en la relación entre la droguería y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La citación a indagatoria se da en una causa paralela, desprendida del expediente principal que indaga supuestas irregularidades en contrataciones vinculadas a prestaciones para personas con discapacidad. Ese expediente ya cuenta con diecinueve personas procesadas, entre ellas el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
El trasfondo de la causa ANDIS
La ANDIS es el organismo nacional encargado de coordinar políticas y prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En los últimos meses quedó bajo la lupa judicial por presuntas maniobras en los procesos de contratación de proveedores y prestadores de servicios vinculados al sector.
En ese contexto, la droguería Suizo Argentina aparece mencionada en la investigación por su rol como proveedora de insumos médicos y medicamentos para distintos programas oficiales. Los fiscales buscan determinar si existieron beneficios indebidos, sobreprecios o direccionamiento en las compras.
La actuación de Hernán Daniel Díaz se analiza específicamente en relación al cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas durante los allanamientos. El eje está puesto en si hubo una negativa injustificada a entregar las claves solicitadas o si se trató de un problema técnico o de procedimientos internos de la empresa.
La figura de desobediencia judicial se aplica cuando una persona, debidamente notificada, no acata una orden emanada de un juez. Dependiendo de la calificación que finalmente adopte el tribunal, la imputación puede derivar en sanciones penales y agravar el cuadro para el resto de los implicados.
Cómo sigue el proceso judicial
En la instancia de indagatoria, Díaz tendrá la posibilidad de declarar, guardar silencio o presentar un descargo por escrito. La audiencia es clave para que el juez evalúe si mantiene la imputación, la amplía o dispone nuevas medidas de prueba.
Luego de las indagatorias previstas en las distintas ramas del expediente, el tribunal deberá definir si dicta nuevos procesamientos, llama a más testigos o avanza hacia una etapa de juicio oral en los tramos que considere cerrados en cuanto a la recolección de pruebas.
El caso ANDIS se inscribe en una serie de investigaciones recientes sobre el uso de fondos públicos y la transparencia en las contrataciones estatales, un eje que mantiene alta sensibilidad social por su impacto directo en la calidad y continuidad de los servicios que se brindan a poblaciones vulnerables, como las personas con discapacidad.
En el oficialismo y la oposición siguen con atención los movimientos del expediente, ya que cualquier avance relevante puede derivar en debate político sobre los controles internos y externos en organismos nacionales que manejan partidas millonarias.
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