El Gobierno nacional actualizó el valor de la ayuda económica que reciben los trabajadores y trabajadoras de los talleres protegidos, un espacio clave de inclusión laboral para personas con discapacidad en todo el país.
A través de la Resolución 213/2026, el Ministerio de Capital Humano fijó una nueva asignación mensual para quienes participan del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos. El monto pasará a ser de $143.890 por beneficiario, equivalente al 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
De cuánto es la ayuda y a quiénes alcanza
La actualización impacta directamente en los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que desarrollan tareas en talleres protegidos de producción y en centros de desarrollo laboral inclusivo, dispositivos que combinan acompañamiento social, capacitación y empleo.
Estos espacios funcionan tanto en organizaciones de la sociedad civil como en instituciones estatales y municipales. El aporte nacional busca complementar los ingresos de las personas que, por su condición, enfrentan mayores barreras para ingresar al mercado laboral formal.
Al vincular la prestación con un porcentaje del SMVM, el Gobierno establece un mecanismo que permite actualizar el beneficio en línea con las futuras variaciones del piso salarial. De este modo, se procura evitar que la ayuda quede desfasada frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Qué son los talleres protegidos
Los talleres protegidos forman parte de las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad impulsadas por el Estado desde hace décadas. Allí se realizan actividades productivas, de servicios o de formación, con acompañamiento profesional y adaptaciones razonables.
En muchos casos, estos ámbitos se convierten en la principal oportunidad de ingreso económico para sus participantes, al tiempo que fortalecen la autonomía personal, los vínculos comunitarios y la adquisición de habilidades laborales básicas.
Organizaciones y especialistas en discapacidad señalan que el sostenimiento de estos programas es crucial para avanzar hacia un modelo de trabajo más inclusivo, que respete los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en la Argentina.
Desafíos pendientes en inclusión laboral
Pese a las mejoras periódicas de los montos, los colectivos de personas con discapacidad remarcan que aún persisten altos niveles de desempleo y subempleo en el sector. Reclaman que la actualización de las ayudas vaya acompañada de más incentivos para la contratación en el ámbito privado y el cumplimiento efectivo de los cupos en el sector público.
También advierten sobre la necesidad de garantizar presupuestos estables para los talleres, que muchas veces dependen de aportes mixtos y donaciones para sostener su infraestructura, equipos técnicos y materiales de trabajo.
En este contexto, la suba a $143.890 mensuales se inscribe como una medida de alivio para los beneficiarios, pero convive con un escenario económico desafiante, marcado por la inflación, el encarecimiento del transporte y los mayores costos de insumos para las entidades que gestionan los talleres.
Las organizaciones del sector seguirán monitoreando la implementación de la Resolución 213/2026 y reclamando que la inclusión laboral de personas con discapacidad se mantenga como una política de Estado más allá de los cambios de gobierno.
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