La fuerte respuesta ciudadana al llamado a auditorías públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares abrió un nuevo frente de debate en el Congreso y puso bajo la lupa los tiempos y alcances del proceso de participación.
En menos de una semana, más de 18.000 personas se inscribieron para participar de las auditorías públicas convocadas en el marco del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. La magnitud de la convocatoria llevó a que tres bloques de diputados nacionales reclamen que las instancias de exposición ciudadana no se limiten a solo dos jornadas.
La Ley de Glaciares es una norma clave para la protección de los ambientes glaciares y periglaciares, y su eventual modificación impacta de lleno en la actividad minera, el acceso al agua y la planificación ambiental en zonas de cordillera. Por eso, organizaciones socioambientales y especialistas vienen advirtiendo que el debate debe realizarse con mayor profundidad y transparencia.
Reclamo por más tiempo y mayor participación
Los bloques opositores plantean que dos días de auditorías resultan claramente insuficientes frente a la cantidad de inscriptos y a la complejidad técnica y social del tema. Proponen extender el cronograma y garantizar que tengan lugar todas las exposiciones registradas, sin filtros discrecionales.
En el Congreso señalan que la alta inscripción demuestra un interés social inusual para una discusión ambiental, lo cual obliga a reforzar los mecanismos de participación. Además, recuerdan que la ley actual fue resultado de años de controversia, vetos presidenciales y presiones cruzadas de gobiernos provinciales y empresas mineras.
La discusión se da en un contexto de fuerte tensión entre el impulso a proyectos de minería metalífera a gran escala y la necesidad de preservar reservas de agua dulce en zonas de montaña, que funcionan como verdaderas esponjas hídricas para cuencas que abastecen a poblaciones enteras.
Qué está en juego con la reforma
La normativa vigente obliga a realizar un inventario de glaciares y prohíbe actividades que puedan dañarlos. Los cambios propuestos apuntan, según críticos, a flexibilizar los criterios de protección y habilitar emprendimientos en áreas hoy restringidas, algo que genera preocupación en comunidades locales, científicos y asambleas ciudadanas.
Desde el oficialismo y sectores vinculados a la industria defienden la reforma argumentando que permitirá mayor previsibilidad jurídica y el desarrollo de inversiones que podrían traducirse en divisas y empleo. Del otro lado, advierten que el costo ambiental y social podría ser irreversible en regiones de alta fragilidad ecológica.
Especialistas en derecho ambiental señalan que las audiencias y auditorías públicas son una herramienta central para garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana, tal como establece el Acuerdo de Escazú, vigente en la Argentina. Reducir esos espacios a un par de días, remarcan, contradice ese espíritu.
En las próximas horas la Cámara deberá definir si modifica el esquema de auditorías. Mientras tanto, organizaciones sociales y referentes ambientales ya anticipan nuevas acciones y pronunciamientos para que la reforma de la Ley de Glaciares se discuta con mayor tiempo, control ciudadano y evidencia científica sobre la mesa.
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