La Justicia federal dictó una nueva condena contra el empresario narco Juan Suris por el pago de coimas a jefes policiales en Santa Fe, en una causa que vuelve a exponer los vínculos entre el delito organizado y las fuerzas de seguridad.
Según la investigación, Juan Suris -ya condenado por causas de narcotráfico y con notoriedad mediática por su vínculo con la vedette Mónica Farro y el financista Leonardo Fariña- habría acordado un trato VIP en la delegación de la Policía Federal en la ciudad de Santa Fe a cambio de dinero y otros beneficios.
En el mismo fallo fueron condenados dos policías federales, quienes se desempeñaban en altos cargos en la delegación santafesina. Para el tribunal, quedó probado que aceptaron sobornos para garantizarle a Suris condiciones de detención privilegiadas, visitas fuera de protocolo y un margen de maniobra que excedía cualquier reglamento interno.
Cómo funcionaba el sistema de coimas
De acuerdo a fuentes judiciales, el esquema se apoyaba en una relación directa entre el detenido y la cúpula policial. A través de intermediarios, se pactaban sumas de dinero para garantizar beneficios que iban desde mejorar las condiciones de alojamiento hasta flexibilizar controles sobre comunicaciones y movimientos dentro de la dependencia.
Los fiscales remarcaron que este tipo de acuerdos ilegales no solo vulneran la igualdad ante la ley de las personas privadas de la libertad, sino que además favorecen la continuidad de las redes criminales desde el interior de las cárceles o dependencias policiales.
Suris ganó notoriedad pública hace más de una década, cuando fue señalado como empresario ligado al tráfico de drogas y maniobras económicas irregulares. Su nombre volvió una y otra vez a los tribunales federales, tanto por causas vinculadas al narcotráfico como por presunto lavado de dinero.
En esta nueva sentencia, los jueces remarcaron que la conducta investigada se enmarca en un contexto donde el crimen organizado busca permanentemente influir sobre fuerzas de seguridad y actores estatales. La cooptación de funcionarios policiales es considerada una de las claves para garantizar la operatoria de bandas dedicadas al narcotráfico y otros delitos complejos.
Impacto institucional y debate pendiente
El caso vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de controles más estrictos dentro de las fuerzas federales, en particular en delegaciones asentadas en provincias atravesadas por el narcotráfico, como Santa Fe. Especialistas en seguridad vienen reclamando desde hace años auditorías internas más profundas, rotación de mandos y sistemas de transparencia en el manejo de detenidos de alto perfil.
Desde el ámbito judicial señalan que este tipo de fallos envía una señal hacia adentro de las fuerzas: los beneficios irregulares a detenidos, las coimas y cualquier ayuda al crimen organizado no quedarán impunes. Sin embargo, advierten que las sentencias penales deben ir acompañadas de políticas sostenidas de prevención y control.
En Santa Fe, donde la disputa por el territorio entre bandas narco viene dejando un alto saldo de violencia, la connivencia policial con el delito es vista como un factor que agrava la situación. Organizaciones civiles y especialistas coinciden en que, sin depuración de estructuras y una mejora real en las condiciones laborales de los agentes, el problema difícilmente encuentre una solución de fondo.
Comentarios