La Justicia federal dio un paso clave para los usuarios de las rutas nacionales 8 y 33 en el sur santafesino, al ordenar a Vialidad Nacional que retome las obras de reparación paralizadas desde fines de 2024 en el departamento General López.
Fallo del Juzgado Federal de Venado Tuerto
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Venado Tuerto, que hizo lugar a una presentación impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio (departamento General López). En su resolución, el magistrado ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad reanudar los trabajos de reparación y mantenimiento en los corredores nacionales que atraviesan la región.
Las obras sobre las rutas nacionales 8 y 33 se encontraban paralizadas desde diciembre, en un contexto de recortes y revisión de contratos de obra pública a nivel nacional. La decisión judicial apunta a garantizar condiciones mínimas de seguridad vial para miles de automovilistas, productores y transportistas que utilizan a diario estos trazados.
Impacto regional y reclamo por seguridad vial
La ruta 8 y la 33 son ejes clave para la producción agroindustrial del sur santafesino, ya que conectan a General López con Rosario, Buenos Aires y los principales puertos de la región. El mal estado de la calzada, los baches profundos y la falta de señalización habían motivado reiterados reclamos de municipios, comunas y entidades del transporte.
Desde distintos sectores advierten que la combinación de mayor circulación de camiones, rutas deterioradas y falta de obras incrementa el riesgo de siniestros viales graves. En los últimos años, la región registró numerosos accidentes fatales en estos corredores, lo que reforzó la presión política y social para que se retomen las intervenciones.
La senadora Di Gregorio sostuvo que el fallo “reconoce el derecho de los vecinos a transitar por rutas seguras” y reclamó que Vialidad Nacional presente un cronograma concreto para la continuidad de las tareas, que incluya plazos y prioridades por tramos.
¿Qué se espera de Vialidad Nacional?
A partir de la orden judicial, el organismo nacional deberá reactivar los contratos o redefinir los mecanismos de ejecución de las obras en ambos corredores. En la región esperan definiciones rápidas, ya que gran parte de los trabajos quedaron a medio hacer, con sectores fresados, banquinas inestables y desvíos provisorios.
Intendentes y presidentes comunales de General López remarcan que el deterioro de las rutas también impacta en la economía local: encarece los costos logísticos, afecta el traslado de la producción y complica el acceso a servicios esenciales como salud y educación para las localidades más pequeñas.
En paralelo, organizaciones de usuarios y transportistas anticiparon que seguirán de cerca el cumplimiento del fallo y no descartan nuevas acciones si no se observa una mejora sostenida en el estado de las rutas 8 y 33 durante los próximos meses.
La resolución del Juzgado Federal de Venado Tuerto se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado nacional en la infraestructura vial estratégica para Santa Fe, una provincia que funciona como corredor obligado entre el noroeste, el centro del país y la salida hacia los puertos agroexportadores.
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