La caída de los aranceles globales impulsados por Donald Trump abrió un frente judicial sin precedentes en Estados Unidos, con miles de empresas reclamando millonarios reembolsos.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles globales aplicados durante la gestión de Donald Trump derivó en una avalancha judicial. Más de 2.000 demandas fueron presentadas por grandes compañías importadoras que buscan recuperar miles de millones de dólares pagados por esos gravámenes.
Las medidas, conocidas como aranceles de la sección 232, habían sido justificadas por la administración republicana bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y la industria local frente al ingreso de productos, principalmente desde China. La anulación judicial dejó en suspenso qué montos deberán devolverse y bajo qué plazos.
Un golpe a la estrategia comercial de la era Trump
Las empresas sostienen que los aranceles fueron cobrados de manera indebida y ahora presionan al gobierno federal para que instrumente un esquema de reembolsos. Entre las demandantes figuran firmas de sectores como el acero, el automotriz, el tecnológico y el de bienes de consumo masivo, todas afectadas por el encarecimiento de sus importaciones.
En paralelo, economistas y analistas del comercio global advierten que la resolución de la Corte no solo tiene impacto fiscal para Washington, sino que también reabre el debate sobre el uso de aranceles como arma política en la disputa con China y otros socios comerciales.
Para el actual gobierno estadounidense, el desafío pasa por equilibrar la obligación de cumplir con los fallos judiciales y la necesidad de evitar un desequilibrio mayor en las cuentas públicas, en un contexto de negociación permanente sobre el techo de la deuda y el déficit fiscal.
Qué reclaman las empresas y qué puede pasar
Los demandantes apuntan a la devolución de lo abonado durante los años en que rigieron los aranceles globales. En algunos casos se trata de cadenas de suministro completas que reorganizaron su producción, trasladaron costos a precios y perdieron competitividad frente a rivales de otros mercados.
Abogados especializados estiman que los reclamos podrían traducirse en reembolsos multimillonarios, aunque todo dependerá de cómo se instrumente la letra fina del fallo y de las eventuales apelaciones o acuerdos extrajudiciales que puedan surgir en el camino.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre los actores del comercio exterior. Muchas compañías evalúan si sumarse a las demandas ya presentadas o esperar mayor claridad sobre los criterios que utilizará el gobierno para procesar los pedidos de devolución.
En América Latina, y en particular en Argentina, el caso es seguido de cerca por sectores industriales y exportadores que han sido impactados por la política arancelaria y las tensiones entre Washington y Beijing. El resultado final podría marcar un precedente sobre los límites legales de las guerras comerciales y el margen de acción de los gobiernos frente a sus propios tribunales.
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