La causa por el crimen de Jeremías Monzón dio un giro clave: una mujer fue imputada como presunta partícipe necesaria y un joven de 18 años quedó bajo investigación por amenazas vinculadas al expediente.
Imagen: Tribunales de Santa Fe
La investigación por el homicidio de Jeremías Monzón sumó nuevos imputados y abrió una hipótesis más amplia sobre cómo se gestó el ataque contra el adolescente. En una audiencia realizada este jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, la Justicia provincial ordenó la prisión preventiva para la madre de la principal sospechosa, una chica de 16 años.
La mujer, de 41 años e identificada por sus iniciales NIJ, fue imputada como presunta partícipe necesaria del homicidio calificado de Jeremías. El fiscal Francisco Cecchini, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo que existen elementos que permiten analizar si instigó, avaló o incentivó la conducta de su hija antes del hecho fatal.
Prisión preventiva y una causa compleja
Durante la audiencia de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el juez Luis Octavio Silva hizo lugar al pedido de la Fiscalía y de la querella, que reclamaron la privación de la libertad de la acusada. La defensa había propuesto medidas alternativas, pero el magistrado entendió que la prisión preventiva era necesaria para mitigar los riesgos procesales.
Según precisó Cecchini, NIJ es investigada por homicidio calificado, figura que contempla el ensañamiento, la alevosía y la actuación de dos o más personas de manera premeditada. Esta calificación implica una de las penas más altas previstas en el Código Penal argentino.
El funcionario del MPA remarcó que se trata de un legajo especialmente sensible, ya que involucra tanto a la víctima como a imputados menores de edad. Por eso destacó la necesidad de extremar los recaudos y resguardar la privacidad de los adolescentes intervinientes, en línea con los protocolos que rigen en casos penales con menores.
Un joven de 18 años, bajo la lupa por amenazas
En paralelo, este jueves se llevó adelante otra audiencia imputativa contra un joven de 18 años, identificado por las iniciales MU, hermano de uno de los menores ya investigados en la causa. En este caso, la fiscal Rosana Peresín le atribuyó el delito de amenazas coactivas, presuntamente vinculadas al entorno del homicidio.
Las medidas cautelares para el joven serán debatidas en una nueva audiencia, en horario a confirmar. Allí se definirá si continúa el proceso en libertad con restricciones o si corresponde disponer algún tipo de encierro preventivo, de acuerdo a los indicios reunidos hasta el momento.
Desde el MPA señalaron que el caso se inscribe en un contexto de investigación activa y compleja, que derivó en distintos legajos y en la intervención de varios fiscales. El trabajo coordinado con la Fiscalía General busca reconstruir con precisión la secuencia de hechos y determinar el grado de participación de cada persona involucrada.
El objetivo: esclarecer el crimen y dar acceso a la justicia
Fuentes judiciales destacaron que se siguen recolectando testimonios, pericias y registros de interés para la causa. Entre las diligencias se contemplan análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras y ampliación de declaraciones ya tomadas, con el fin de consolidar la hipótesis sobre cómo se planificó y ejecutó la agresión que terminó con la vida de Jeremías.
Los investigadores insisten en que el eje de la pesquisa es garantizar el acceso a la justicia para la familia de la víctima, al tiempo que se respetan los derechos de los imputados, en especial de quienes son menores de edad. La expectativa es que, a medida que avancen las audiencias y se sumen pruebas, el caso pueda llegar a juicio con una acusación firme y bien fundada.
Mientras tanto, la causa continúa su curso en la justicia santafesina, con la mirada puesta en delimitar responsabilidades y evitar que eventuales maniobras de presión o amedrentamiento entorpezcan el desarrollo del proceso penal.
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