El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas resolvió convocar a un paro nacional para el 11 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse en el Senado.
Imagen: Ámbito
Un paro que apunta al Senado y a la reforma laboral
La medida fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y acompañada por otros gremios del sector público nacional y de empresas estatales. El paro general se realizará el 11 de febrero, en coincidencia con el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado de la Nación.
Desde el Frente de Sindicatos Estatales sostienen que el proyecto oficial implica una pérdida de derechos adquiridos, facilita despidos y precarización, y habilita cambios en regímenes de indemnización y negociación colectiva. Por eso definieron una jornada de protesta que incluirá movilizaciones y asambleas en distintos organismos públicos.
Los gremios cuestionan que el tratamiento en el Congreso se dé en un contexto de fuerte ajuste sobre el Estado, con congelamiento de vacantes, revisión de contratos y revisión de convenios. Advierten que, de aprobarse la reforma, se consolidará un escenario de reducción del empleo público y de ingresos por debajo de la inflación.
¿Qué reclaman los sindicatos estatales?
Entre los puntos centrales del reclamo, el Frente de Sindicatos Estatales exige el archivo del proyecto de reforma laboral, la defensa de la estabilidad en el empleo público y la apertura de paritarias que recuperen el poder adquisitivo perdido en los últimos meses.
Además, piden garantizar el funcionamiento de las empresas públicas estratégicas, frenar eventuales privatizaciones y asegurar recursos para áreas sensibles como salud, educación, ciencia y tecnología, y políticas sociales.
La conducción de ATE adelantó que, si el oficialismo insiste con el tratamiento de la reforma sin introducir cambios de fondo, podrían profundizarse las medidas de fuerza con nuevos paros y movilizaciones frente al Congreso durante las próximas semanas.
Impacto en servicios y organismos públicos
El paro afectará la atención en reparticiones nacionales, entes descentralizados y empresas estatales, aunque cada sindicato definirá guardias mínimas en áreas críticas. Se esperan interrupciones parciales en organismos de recaudación, prestaciones sociales, oficinas administrativas y servicios vinculados a la infraestructura.
Las organizaciones sindicales remarcan que la medida apunta al plano político y legislativo: buscan incidir en el debate en el Senado e instalar que la reforma laboral, tal como fue enviada, representa un retroceso histórico para el conjunto de los trabajadores.
En paralelo, distintos espacios políticos de la oposición y centrales obreras analizan coordinar acciones para el día del tratamiento, con la posibilidad de confluir en una movilización más amplia frente al Congreso en rechazo a los cambios propuestos en la legislación laboral.
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