El Gobierno nacional avanza con la reestructuración del sistema educativo. A continuación, de qué se trata la “Ley de Libertad Educativa”.
El Gobierno nacional avanza con una reestructuración integral del sistema educativo. En tal sentido, presentó formalmente el proyecto de “Ley de Libertad Educativa“. Se trata de una iniciativa que reemplaza la Ley de Educación Nacional (2006) e introduce transformaciones de alto impacto en niveles inicial, primario, secundario y universitario.
El texto tiene 169 artículos. Redefine la gobernanza del sistema, amplía la autonomía de las instituciones, modifica los mecanismos de financiamiento y formaliza nuevas modalidades de enseñanza como la educación en el hogar.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció la propuesta al difundir las conclusiones del Consejo de Mayo, que delineó durante los últimos meses los principales lineamientos del plan. La iniciativa retoma parte del paquete de reformas que el Gobierno había intentado incluir en la primera Ley Bases de 2023 y que fue impulsada inicialmente por Federico Sturzenegger, hoy a cargo del Ministerio de Desregulación.
De qué se trata la “Ley de Libertad Educativa” que impulsa el Gobierno: los puntos más importes
1. Escuelas con mayor autonomía pedagógica y de gestión
Uno de los cambios más estructurales es la ampliación de la autonomía escolar. Este proyecto habilita a las instituciones -estatales y privadas- a diseñar sus propios planes de estudio, definir métodos de enseñanza, establecer criterios de convivencia y organizar su calendario académico. En el caso del sector estatal, también podrán participar en los procesos de selección y eventual separación del personal docente y no docente, con validación de cada jurisdicción provincial.
El esquema mantiene contenidos mínimos comunes a nivel nacional y jurisdiccional, pero abre la puerta a planes institucionales específicos que deberán ser aprobados por las autoridades educativas. A fin de ordenar esa diversidad de propuestas, se crea un Registro Nacional de Planes de Estudio.
Además, el calendario escolar cambia de enfoque: ya no se contabilizan días sino horas mínimas anuales. Para el nivel inicial se fijan 540 horas y para primaria y secundaria, 720. Cada escuela podrá ampliar esa carga y definir su propia organización anual, siempre que respete los contenidos obligatorios.
En tanto, la educación básica vuelve a ser declarada un servicio esencial, lo que obliga a garantizar un piso de funcionamiento durante medidas de fuerza.
2. Un papel más activo para las familias en la vida escolar
El proyecto redefine el vínculo entre familias y escuelas y les otorga un rol más protagónico. Entre las novedades se incluyen:
- Creación de “consejos de padres” en instituciones estatales con participación en la elección y remoción de directivos
- Derecho a acceder a información detallada sobre el desempeño escolar, incluida la publicación de resultados desagregados de evaluaciones nacionales
- Formalización de mecanismos de financiamiento dirigidos directamente a familias y estudiantes, como becas, vales o bonos educativos.
El texto enfatiza que la familia es “el agente natural y primario de la educación” y habilita la libre elección de instituciones y proyectos pedagógicos.
3. Homeschooling y educación virtual como modalidades reconocidas
Una de las incorporaciones más novedosas es el reconocimiento formal de la educación en el hogar y de la escolarización completamente virtual o híbrida. Estas alternativas no tendrán una edad mínima para su adopción y podrán ser gestionadas por instituciones nacionales o extranjeras.
Para estas modalidades, las provincias deberán crear registros específicos con mecanismos de inscripción no discrecionales y sin intervención sobre la vida privada de las familias. No obstante, se garantiza la intervención estatal ante posibles vulneraciones de derechos. Los estudiantes que elijan estas vías deberán acreditar aprendizajes mediante evaluaciones estandarizadas basadas en los contenidos mínimos nacionales.
El proyecto también mantiene las ocho modalidades ya previstas en la legislación actual, como educación especial, artística, rural, técnico profesional y domiciliaria, entre otras.
4. Nuevas evaluaciones y un examen nacional para finalizar la secundaria
Las evaluaciones Aprender se mantienen, pero se suma un cambio significativo: la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES). Es una prueba voluntaria que medirá conocimientos en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades.
También se incorporan evaluaciones periódicas de docentes y directivos vinculadas al desempeño profesional, la actualización formativa y los resultados de aprendizaje. A la vez, se reemplaza el INFoD por el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, encargado de coordinar lineamientos comunes en materia de formación inicial y continua.
5. Un nuevo modelo de financiamiento para escuelas y universidades
En materia presupuestaria, el proyecto elimina la meta histórica del 6% del PBI destinada a educación y redefine las responsabilidades de financiamiento entre Nación y provincias. Las jurisdicciones quedan como principales responsables de sostener la educación básica, mientras que la Nación financiará los programas estratégicos definidos como políticas federales.
Para las escuelas privadas se mantiene el esquema de aportes económicos, pero sin la obligación de asegurar una inversión idéntica por alumno en ambos sectores. A su vez, se habilitan mecanismos de financiamiento por demanda, que incluyen recursos asignados a estudiantes o familias.
En el nivel universitario, la reforma introduce un sistema de distribución presupuestaria basado en criterios de desempeño y matrícula. El 75% del presupuesto se asignará según la cantidad de alumnos regularizados y el avance académico, el 20% en función de indicadores de egreso, investigación y extensión y el 5% mediante programas especiales con metas verificables.
