El Gobierno promulga la ley de discapacidad, pero suspendió su aplicación

El Gobierno promulgó la ley de discapacidad, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina el financiamiento.

El Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, aunque suspendió su ejecución. La decisión se formalizó con el Decreto 681/2025 y responde a la falta de recursos definidos para cubrir el gasto estimado. Según cálculos oficiales, la aplicación plena implicaría más de $3 billones en 2025, equivalentes al 0,35% del PBI, además de un incremento aún mayor en 2026.

El Ejecutivo advirtió que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento, como exige la Ley de Administración Financiera. Por eso, sostuvo que la facultad de reasignar partidas otorgada al jefe de Gabinete no representa un respaldo suficiente. En ese marco, el Gobierno defendió la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y recordó que ya había vetado la norma por considerarla inviable en términos financieros y de sustentabilidad. Sin embargo, la insistencia del Parlamento forzó la promulgación, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

Decreto 681/2025 –

Resumen: El Decreto 681/2025 promulga la Ley N° 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Esta ley introduce modificaciones significativas al sistema de protección de personas con…

— BOA | Resumen del Boletín Oficial de Argentina (@BOAresumenes) September 22, 2025

En paralelo, el Ejecutivo aprobó la Decisión Administrativa 24/2025, que modifica el presupuesto vigente. Esa medida incrementa los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad y reduce recursos de la Jurisdicción 91, orientada a obligaciones generales del Tesoro. El objetivo es responder a los reclamos de actualización de prestadores del sistema, especialmente aquellos vinculados al Programa Incluir Salud y al Sistema de Prestaciones Básicas.

De este modo, aunque la ley permanece suspendida hasta que el Congreso defina el financiamiento, el Gobierno habilitó una reasignación de partidas que comenzará a regir desde el 1.º de octubre para atender demandas urgentes del sector.