El Gobierno esperará hasta este lunes una respuesta por la exploración en Malvinas antes de formalizar la demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Casa Rosada busca frenar los trabajos offshore antes de que las empresas inicien las perforaciones.
El presidente Javier Milei instruyó al canciller Pablo Quirno a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR contra el Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion en la Cuenca de las Malvinas Norte. Las autoridades nacionales intimaron a Londres a suspender la exploración petrolera cerca de las Islas Malvinas en un plazo de dos semanas. De este modo, la Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo para pedir medidas provisionales que impidan la extracción de crudo pautada para 2028.
Vía arbitral y antecedentes en el plano internacional
La estrategia diplomática busca evitar daños irreparables sobre los recursos no renovables y el lecho marino antes de la constitución del tribunal arbitral definitivo. En este sentido, la Cancillería toma como referencia el precedente de la Fragata ARA Libertad en 2012 durante el mandato de Cristina Kirchner. Por su parte, la justicia internacional analiza disputas sobre hidrocarburos como el litigio registrado en 2015 entre Costa de Marfil y Ghana.
Las firmas operadoras del emprendimiento son la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las acciones legales de Buenos Aires provocaron consecuencias comerciales, ya que la petrolera Halliburton ratificó que no prestará servicios a las concesionarias. Asimismo, las autoridades amparan el reclamo en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que prohíben modificaciones unilaterales.
Proyección de los reclamos y designación institucional
La jurista argentina Frida María Armas Pfirter asumió la vicepresidencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar bajo la conducción de Maurice Kamga. No obstante, los jueces independientes resolverán la solicitud planteada mediante el artículo 290 de la convención sin interferencias de los Estados involucrados. Por lo tanto, el Gobierno argentino aguardará una resolución cautelar durante el mes de noviembre mientras avanza la controversia de fondo sobre la soberanía territorial.