La red de estafadores funcionaba bajo la apariencia de una cooperativa y fue desarticulada tras una investigación que reveló millonarias estafas en la compraventa de vehículos en Rosario.
El cerebro de la organización, un abogado y ex empleado del Ministerio Público de la Acusación, diseñó un esquema legal para dar apariencia de legalidad a las operaciones y así defraudar a decenas de personas.
La investigación llevada a cabo por el fiscal Fernando Dalmau ha destapado una sofisticada trama de estafas en el rubro automotor que operaba en Rosario.
Según las pesquisas, un grupo liderado por un abogado y ex funcionario del Ministerio Público creó una cooperativa para captar vehículos de vendedores y revenderlos sin pagar el dinero correspondiente.
La organización, que cambió su nombre entre PEC y PIA, tenía locales comerciales y una estructura jurídica que le daba apariencia de legalidad.
Así, generaban confianza en los vendedores, quienes entregaban sus vehículos a cambio de la promesa de una rápida venta y el cobro del dinero acordado.
Sin embargo, una vez concretada la operación, los estafadores se negaban a abonar el monto correspondiente, dejando a las víctimas en una situación de indefensión.
La investigación
El fiscal Dalmau detalló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que se estima que el monto total de la estafa podría superar los 150 millones de pesos. Además, indicó que se están analizando nuevas denuncias y que no se descarta la posibilidad de que la cifra de víctimas sea aún mayor.
Entre los detenidos se encuentra Camila Mendoza, quien se desempeñaba como presidenta de la cooperativa y habría participado en más de 30 estafas. Asimismo, resulta clave la figura de Nelson Ugolini, el abogado que diseñó el esquema jurídico y brindaba asesoramiento legal a la organización.
Las autoridades han solicitado la captura internacional de Alexis Guarda, considerado el líder de la banda, quien se encuentra prófugo. Además, se han iniciado las investigaciones patrimoniales correspondientes para intentar recuperar parte del dinero sustraído a las víctimas.
La organización tenía el andamiaje jurídico de una cooperativa, se inició en Pellegrini al 3100, se mudó a Pje Independencia al 3200 y después a Pellegrini al 4800.
Teniendo este andamiaje que le daba una persona jurídica, locales con atención al público y demás, aprovecharon para captar vehículos que mayormente se ofrecían en redes sociales.
Contactaban a los vendedores y le daban la posibilidad de venderlo en la concesionaria a un precio similar al que estaban pidiendo y bueno, en la confianza que daba una constitución de una persona jurídica, una atención al público con varios vendedores y demás, la gente dejaba sus vehículos y tenemos detectados muchos casos donde no se le abonó el dinero que recibieron por la venta de estos vehículos.
El monto total de la estafa
El Fiscal indicó que el relevamiento actual asciende a 150 millones de pesos, pero que esta cifra probablemente aumente con el avance de la investigación y la incorporación de nuevos hechos.
“Esta investigación recién se inicia, si bien la semana pasada comenzaron las imputaciones, falta aguardar la apertura de los celulares que han sido secuestrados, una investigación patrimonial sobre las cuentas de las personas que se encuentran detenidas, inhibición general de bienes de todos los detenidos, la toma de más testimonios y documentación de las personas damnificadas, entre otras medidas de curso”.
Probables penas
La pena para miembros de una asociación ilícita es de 3 a 10 años, mientras que el jefe puede recibir de 5 a 15 años. Aún no se ha imputado a nadie como jefe, pero el organizador puede recibir la misma pena que el jefe.
También hay varios hechos de estafa en concurso que tienen hasta 6 años de pena y en este caso se puede ir sumando hasta llegar al máximo de las penas temporales que son 50 años.
Recuperar el dinero invertido
Aún no se puede asegurar nada, ya que los miembros de estas organizaciones suelen ser insolventes.
Por ello, se ha solicitado la inhibición de todos los bienes, que podrán ser ejecutados para satisfacer los reclamos de las víctimas.
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