El Concejo Municipal de Rosario vuelve a poner en debate el alcance de las protestas callejeras, a partir de una iniciativa que busca fijar un esquema de “tolerancia cero” frente a los cortes de tránsito y piquetes en la ciudad.
La concejala libertaria Samanta Arias presentó un proyecto de ordenanza para crear un “protocolo antipiquetes” en Rosario. La propuesta apunta a que el municipio adopte una política de “tolerancia cero” frente a las interrupciones de tránsito provocadas por manifestaciones, piquetes y bloqueos de calles o accesos clave.
Según la iniciativa, se buscaría delimitar con mayor precisión cuándo una protesta puede afectar la circulación y cuáles serían las responsabilidades de los organizadores, tanto en materia de seguridad como de garantía del derecho al libre tránsito de vecinos y trabajadores.
El debate se inscribe en un contexto nacional donde el gobierno de Javier Milei impulsa lineamientos más duros ante los piquetes, y varias jurisdicciones ya discuten reglamentaciones locales para ordenar o restringir los cortes de calles.
Qué podría incluir el protocolo en Rosario
Si bien el texto formal del proyecto aún debe ser analizado en comisiones, desde el entorno de Arias se señala que el protocolo podría contemplar obligaciones de notificación previa para las organizaciones que convoquen a marchas o concentraciones, así como la definición de corredores mínimos de circulación que deban mantenerse liberados.
Otro de los puntos que suele aparecer en este tipo de regulaciones es la posibilidad de aplicar sanciones económicas a quienes bloqueen de manera total accesos estratégicos, puentes, terminales o arterias centrales, especialmente en horarios pico.
En la ciudad, los cortes de calle y piquetes son una postal recurrente en el centro y en los accesos, tanto por reclamos laborales como por demandas sociales y de servicios públicos. La discusión gira en torno a cómo compatibilizar el derecho a la protesta con la circulación y las actividades económicas.
Antecedentes y posiciones encontradas
La idea de un protocolo antipiquetes no es nueva a nivel nacional. En los últimos años, distintas gestiones impulsaron lineamientos para ordenar las manifestaciones, con resultados dispares y fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que advierten sobre posibles restricciones al derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.
En Rosario, cada avance en este sentido genera resistencias de sindicatos, movimientos sociales y espacios políticos de la oposición, que alertan sobre el riesgo de criminalizar la protesta social. Del otro lado, comerciantes, usuarios del transporte y sectores productivos reclaman reglas claras para evitar que los cortes prolongados paralicen el centro o los accesos a la ciudad.
El proyecto presentado por Arias se debatirá en comisiones antes de llegar al recinto. Allí se definirán los alcances concretos del protocolo y si el Concejo logra o no un consenso mínimo para avanzar en una regulación local sobre piquetes y cortes de tránsito.
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