Las extorsiones desde la cárcel de Coronda involucran a un recluso y su pareja, quienes realizaron amenazas a comerciantes rosarinos.
El problema de las extorsiones desde cárceles santafesinas quedó nuevamente en evidencia con la imputación de Nicolás Emanuel Amarilla, un recluso de la cárcel de Coronda acusado de realizar múltiples amenazas y extorsiones a comerciantes rosarinos. Según la investigación, contaba con información clave proporcionada por su pareja, Yoana Fernández, quien fue detenida recientemente en el barrio Las Flores.
Las maniobras delictivas se registraron entre noviembre y enero. Una de las víctimas, un quiosquero del sur de Rosario, recibió amenazas en las que le exigían dinero a cambio de “protección”. En otro caso, un comerciante de barrio Belgrano fue intimidado con un video de su local y la exigencia de diez mil dólares. En Ludueña, una mujer cortó la llamada antes de que los extorsionadores pudieran avanzar con el pedido. También hubo un episodio en Funes, donde Amarilla amenazó a un empresario por el supuesto despido de su pareja.
El fiscal Pablo Rébola presentó escuchas, análisis de comunicaciones y testimonios que vinculan a Amarilla con las extorsiones. Además, detalló cómo el recluso usaba referencias a la banda Los Monos para infundir miedo y justificar sus amenazas. La jueza Melania Carrara ordenó su traslado a la cárcel de Piñero, donde hay mayores controles, e impuso prisión preventiva sin plazos. Fernández, por su parte, quedó detenida bajo la misma acusación.
Este caso refuerza la preocupación por el uso de teléfonos en cárceles y el accionar de los llamados “call centers del delito”, desde donde los internos coordinan hechos criminales que afectan a comerciantes y vecinos en distintos puntos de la provincia.
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