Gonzalo Estévez, abogado y exdirigente de Central procesado en una causa por fraude, fue designado en un área estratégica del Ministerio de Justicia de la Nación, una decisión que reaviva viejas polémicas en el club y en la política judicial.
Gonzalo Estévez es abogado y fue secretario de la Comisión Directiva de Central durante la presidencia de Pablo Scarabino, entre 2003 y 2007. Ese ciclo terminó de la peor manera: con la intervención judicial del club, la salida forzada de los dirigentes y una investigación por presunto fraude y administración fraudulenta.
La gestión encabezada por Scarabino quedó asociada a una de las etapas institucionales más conflictivas de la historia reciente del club de Arroyito. En ese contexto, el rol de Estévez dentro de la Comisión Directiva lo dejó en la mira de la Justicia provincial.
La causa penal que investiga el presunto vaciamiento y las irregularidades en la administración de Rosario Central avanzó sobre distintos exdirectivos, entre ellos Estévez, quien fue procesado por fraude y administración fraudulenta, según surge de los expedientes vinculados a aquella intervención.
Designación en un área clave del Ministerio de Justicia
Con ese antecedente, la llegada de Gonzalo Estévez a una dependencia clave del Ministerio de Justicia de la Nación genera controversia. La cartera nacional es la encargada, entre otras funciones, de articular políticas vinculadas a la transparencia, el control de gestión y el funcionamiento del sistema judicial.
Si bien la designación se ampara en las facultades políticas del Gobierno nacional, el pasado de Estévez en Rosario Central y su situación procesal en una causa por delitos económicos en una institución deportiva de gran relevancia pública reabre el debate sobre los criterios de selección de funcionarios.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre los antecedentes judiciales de los cuadros políticos y su acceso a puestos sensibles del Estado. En especial, en áreas asociadas al control de legalidad, la administración de recursos públicos y la supervisión de organismos bajo investigación permanente de la opinión pública.
El paso de exdirigentes deportivos por cargos públicos no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Sin embargo, la particularidad en este caso es que se trata de un dirigente con un procesamiento vigente por hechos que la Justicia consideró de suficiente gravedad como para intervenir una entidad emblemática como Rosario Central.
La polémica sobre este nombramiento se suma a otras discusiones recientes en torno a la transparencia y la idoneidad técnica y ética de quienes integran la estructura del Ministerio de Justicia, un área estratégica en el diseño institucional del país.
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