La intervención de una IA fue clave para evitar que un estudiante concretara una ataque armado en su escuela. Los efectivos policiales decomisaron teléfonos celulares y ropa táctica militar que el sospechoso guardaba en su domicilio particular.

El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina arrestó a un menor de edad en Quilmes. El sospechoso planificaba ejecutar un ataque armado contra sus compañeros dentro de una institución educativa de esa localidad bonaerense. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, bajo la conducción del fiscal Walter Bruno.
Origen de la alerta e inteligencia digital
El caso comenzó a mediados del mes de agosto tras una comunicación urgente del agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos. La agencia norteamericana detectó las consultas de un usuario de correo electrónico a la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. En esas conversaciones, el adolescente manifestaba intenciones claras de cometer un tiroteo escolar y asesinar alumnos para el año 2027.
Posteriormente, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales desplegó tareas informáticas de inteligencia en fuentes abiertas. De esta manera, los agentes identificaron el origen del mensaje y localizaron el domicilio del sospechoso en la zona sur. A raíz del procedimiento, las autoridades judiciales imputaron al joven bajo el delito de Intimidación Pública.
Incautación de elementos y citación judicial
Durante el operativo en la vivienda, los efectivos policiales incautaron dos teléfonos celulares y equipamiento de índole militar. La fuerza incautó dos pares de guantes tácticos, un pasamontañas camuflado y gafas de protección táctica negras. Además, el juzgado interviniente preservó los datos sensibles del menor para resguardar su identidad.
A raíz del hallazgo, los funcionarios notificaron oficialmente a los progenitores del implicado. Por consiguiente, la justicia citó a los padres junto con el menor a la sede fiscal. Los elementos secuestrados por la PFA quedaron a disposición directa del magistrado que encabeza el expediente.




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