El debate por la regulación de Uber y DiDi en Rosario volvió a trabarse en el Concejo Municipal y pasó a un nuevo cuarto intermedio para la semana próxima.
La discusión en torno al marco regulatorio para el funcionamiento de plataformas como Uber y Didi volvió a trabarse en el ámbito legislativo local. Tras una hora de deliberaciones en una reunión conjunta de las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos Concedidos, los ediles no alcanzaron los consensos necesarios y decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana.
Las diferencias entre el bloque oficialista y los sectores de la oposición continúan marcando distancia respecto a puntos clave de la normativa, impidiendo la emisión de un dictamen unificado.
Los ejes de la discordia: motos y tarifas
Por un lado, desde La Libertad Avanza, el concejal Juan Pedro Aleart defendió un proyecto que busca dejar atrás la ordenanza vigente desde 2023. Su propuesta incluye habilitar formalmente el servicio de Uber Moto, un punto que genera un rechazo rotundo por parte del oficialismo municipal. Al respecto, el edil Fabrizio Fiatti advirtió sobre la falta de una cobertura de seguros adecuada para este tipo de traslados y ratificó la postura de que el municipio no avalará la regularización de vehículos de dos ruedas para el transporte de pasajeros.
Asimismo, la postura libertaria aboga por la libre fijación de tarifas según la oferta y la demanda, además de rechazar la imposición de tasas municipales a las empresas tecnológicas.
El pulso del oficialismo y las críticas del peronismo
Desde el sector que responde al intendente Pablo Javkin sostienen que el sistema de taxis y remises debe mantenerse como la columna vertebral del transporte público y que las aplicaciones deben subordinarse a esas reglas.
A su vez, el municipio insiste en la obligatoriedad de que las compañías compartan bases de datos con el Estado local para garantizar un control efectivo, algo que los representantes de las plataformas y de LLA resisten bajo el argumento de la celeridad en la resolución de reclamos.
En una tercera vereda, el concejal Mariano Romero (Movimiento Evita) cuestionó la intención del oficialismo de flexibilizar la antigüedad de los vehículos habilitados y advirtió que una desregulación tarifaria total implica "nivelar para abajo" la calidad del servicio en la ciudad.
Ante la falta de puntos en común entre las distintas fuerzas, el expediente seguirá en estudio y las negociaciones se retomarán el próximo miércoles en busca de un entendimiento que logre destrabar el conflicto.