Dos altos mandos de la Policía de Tucumán fueron expulsados tras descubrirse que usaban presos como obreros para construir una vivienda particular.
Un escándalo policial conmocionó a Tucumán cuando se descubrió que presos trabajaban como albañiles en la casa de veraneo de un alto jefe de la fuerza. Todo comenzó con denuncias anónimas que llegaron al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien informó de inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo. Ambos solicitaron la intervención de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El Gobierno provincial actuó sin demora y aplicó una sanción ejemplar. El decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad expulsó de la fuerza al jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, y a su segundo, Sergio Juárez, por conductas que dañaron gravemente la confianza pública. Ambos comandaban una de las jurisdicciones más amplias de Tucumán, que abarca Trancas, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena.
Durante la investigación, los fiscales comprobaron que al menos cuatro detenidos salían de los calabozos para realizar tareas en esa vivienda. Los efectivos que los trasladaban también participaban en las obras, aunque debían cumplir funciones en la vía pública o en sus oficinas. Además, se descubrió que los presos, condenados por abusos sexuales, permanecían ilegalmente en dependencias policiales, pese a una orden de la Corte Suprema que exige alojarlos en cárceles provinciales.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, consideró el hecho una falta gravísima y anunció una depuración interna. La fiscal Mariana Rivadeneira dispuso la detención inmediata de Beltrán, quien acudió a la oficina de recursos humanos y quedó bajo arresto. Por su parte, Juárez se presentó voluntariamente y entregó su celular para la investigación. Con esta decisión, el Gobierno busca recuperar la credibilidad institucional y reafirmar que ningún funcionario está por encima de la ley.
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