Patricia Bullrich se pronunció sobre el crimen de Jeremías Monzón, para exigir de forma urgente la baja de la imputabilidad juvenil.
El violento asesinato del joven Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe generó una fuerte repercusión en la escena política nacional recientemente. A raíz de este suceso, diversas figuras del gobierno central utilizaron el caso para insistir en la baja de la edad de imputabilidad. La senadora Patricia Bullrich criticó abiertamente el actual régimen penal juvenil mediante sus plataformas digitales oficiales.
Según su postura, la legislación vigente permite que los autores de delitos graves recuperen su libertad rápidamente debido a su condición de menores. Además, el presidente Javier Milei respaldó estas declaraciones, lo cual incrementó la visibilidad del debate legislativo sobre la seguridad ciudadana. La funcionaria responsabilizó a las gestiones anteriores por frenar las reformas necesarias en el Congreso de la Nación.
Jeremías tenía 15 años.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2026
Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres.
La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara.
El resultado es este: menores que cometen los peores…
En el plano judicial, las autoridades provinciales todavía investigan los pormenores del ataque que terminó con la vida del adolescente de quince años. Las leyes actuales limitan las acciones punitivas contra los implicados, ya que el sistema prioriza la protección integral sobre el castigo penal. No obstante, los impulsores del cambio normativo sostienen que la falta de consecuencias directas fomenta la impunidad en los sectores juveniles.
Por otro lado, especialistas en derecho advierten que el proceso investigativo aún se encuentra en una etapa preliminar de recolección de pruebas. Por consiguiente, cualquier análisis político anticipado podría interferir en el desarrollo natural de las actuaciones judiciales en curso. La discusión sobre el nuevo régimen penal busca equilibrar la demanda social de justicia con los convenios internacionales de derechos humanos suscritos.
Así, el crimen de Monzón se convirtió en un eje central de la agenda legislativa del año en curso. La presión gubernamental apunta a sancionar una norma que elimine la edad como motivo de exención penal en casos de tortura u homicidio. De esta manera, el país enfrenta nuevamente un profundo debate sobre la efectividad de sus herramientas jurídicas para combatir el delito organizado.
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