El bloque del PRO presentó un recurso de amparo contra LLA para anular la reciente designación de tres auditores en la AGN por presuntas irregularidades legales.
La tensión política entre el PRO y La Libertad Avanza escaló recientemente debido a la elección de nuevos integrantes para la Auditoría General de la Nación. El bloque amarillo denunció formalmente la existencia de un pacto oculto entre el oficialismo y el kirchnerismo durante la última sesión. Por este motivo, el partido liderado por Mauricio Macri decidió judicializar las designaciones realizadas en la Cámara de Diputados el pasado diciembre.
Según un comunicado oficial, el espacio opositor sostiene que la votación ocurrió bajo un procedimiento abiertamente inconstitucional. Los legisladores del PRO abandonaron el recinto para evitar legitimar un acto que consideran viciado de nulidad absoluta. Asimismo, señalaron que el tratamiento del tema no figuraba en la convocatoria oficial a sesiones extraordinarias del Congreso.
El conflicto principal surgió tras el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti como auditores nacionales. El bloque macrista esperaba ocupar una de esas vacantes con el exministro Jorge Triaca, según acuerdos previos con el gobierno. Sin embargo, la sorpresiva terna propuesta por Gabriel Bornoroni alteró los planes originales y desató la furia de los diputados aliados.
En respuesta a esta situación, Cristian Ritondo presentó un recurso de amparo ante la justicia para solicitar la nulidad de lo votado. El jefe de la bancada argumentó que el proceso careció de informes de comisión y de antecedentes previos sobre los candidatos elegidos. Además, el escrito judicial subraya que la moción se aprobó durante la madrugada sin transparencia ni consensos parlamentarios mínimos.
Por su parte, el oficialismo logró habilitar el tratamiento gracias al apoyo de Unión por la Patria y el bloque de Innovación Federal. Esta alianza temporal permitió alcanzar los votos necesarios para desplazar al PRO de la estructura de control estatal. No obstante, el partido amarillo asegura que su ausencia no facilitó el resultado porque los números ya estaban definidos.
Finalmente, la disputa pone en riesgo la asunción conjunta de los siete auditores que integran el organismo técnico de control. El PRO insiste en que no será cómplice de atropellos institucionales ni de acuerdos realizados a espaldas de la sociedad. Mientras tanto, la justicia deberá resolver la validez legal de estas designaciones parlamentarias en medio de un clima de fractura política.
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