Los abogados de Claudio “Chiqui” Tapia y de la Asociación del Fútbol Argentino realizaron una presentación judicial para intentar dar por finalizada la causa por presunta retención indebida de aportes, al sostener que no existió delito ni obligación legal de hacer esos pagos.
La defensa de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, presentó un escrito ante la Justicia federal para solicitar el cierre de la causa en la que se investiga una supuesta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones. Según el planteo, las autoridades del organismo actuaron en el marco de la normativa vigente para entidades sin fines de lucro.
Los letrados argumentaron que, durante el período bajo análisis, seguían en vigor resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) —mencionadas en el expediente como ARCA— y disposiciones del Ministerio de Economía que eximían a ciertas asociaciones civiles y fundaciones del pago de contribuciones patronales específicas.
El pedido de sobreseimiento y los ejes de la defensa
En su presentación, la defensa solicitó expresamente el sobreseimiento de Tapia y de los demás imputados, al considerar que no se configuró maniobra ilícita alguna. Señalaron que la AFA actuó como una entidad sin fines de lucro encuadrada en el régimen legal correspondiente, por lo que no habría existido obligación de ingresar los montos cuestionados.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el planteo enfatiza que las normas especiales que regulan a las asociaciones civiles deportivas establecen beneficios y exenciones, en línea con el tratamiento fiscal que reciben numerosos clubes y ligas del país. Para los abogados, cualquier diferencia de criterio con el fisco debería tratarse en el fuero tributario y no bajo la figura de delito penal económico.
Contexto: controles fiscales en el fútbol argentino
En los últimos años, el fútbol argentino estuvo bajo la lupa de los organismos de control por el manejo de fondos vinculados a derechos de televisión, transferencias de jugadores y cargas sociales. La AFA y los clubes vienen siendo objeto de inspecciones y acuerdos de regularización para saldar deudas históricas con el Estado.
En ese marco se inscribe la causa en la que se investiga si la casa madre del fútbol local habría retenido aportes sin volcarlos a los organismos correspondientes. La defensa insiste en que los montos cuestionados se encuadran en regímenes especiales de promoción a las entidades deportivas, por lo que la discusión debería limitarse a aspectos administrativos.
Juristas consultados señalan que, para avanzar con una imputación penal, la Justicia debe demostrar la existencia de intención de evasión o apropiación indebida, algo que los abogados de Tapia descartan por completo. El juzgado deberá ahora resolver si hace lugar al pedido de sobreseimiento o si ordena nuevas medidas de prueba.
Mientras tanto, desde la dirigencia del fútbol siguen de cerca el caso, atentos al impacto institucional que podría tener una eventual elevación a juicio en plena disputa por el rumbo económico y político del deporte más popular del país.
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