Siete policías fueron detenidos e investigados tras ser denunciados por agredir a dos personas dentro de una comisaría 2ª en Paraguay al 1100.
Siete policías fueron detenidos tras ser acusados de agredir a dos personas dentro de la comisaría ubicada en Paraguay al 1100. Las presuntas golpizas ocurrieron el viernes por la tarde en la seccional 2ª y las víctimas son un joven de 17 años y un hombre de 40. Por este motivo, el fiscal José Luis Caterina inició una investigación por violencia institucional.
La División de Asuntos Internos actuó de inmediato. Realizó procedimientos para esclarecer los hechos y definir la participación individual de cada agente. Como parte de las medidas, les retiraron a los uniformados el celular, la credencial, el chaleco balístico y el arma reglamentaria. Esta decisión respondió a una orden judicial.
Caterina estaba de turno en la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Por eso intervino en la causa. Además, citó a varios testigos a declarar el lunes. Necesita esos testimonios para avanzar en la definición de responsabilidades.
Mientras tanto, los investigadores analizan los niveles de implicación de cada agente. Según los resultados, el fiscal decidirá a quién llevará a audiencia imputativa y a quién dejará en libertad. En este punto del proceso, cada declaración y cada prueba resultan clave.
Por otra parte, el caso plantea interrogantes sobre el control dentro de las fuerzas de seguridad. Los hechos exigen revisar protocolos y responsabilidades. También reafirman la necesidad de mecanismos eficaces para prevenir abusos de poder.
En conclusión, la causa sigue abierta. Las autoridades continúan con medidas para reconstruir lo sucedido. La sociedad espera que la justicia actúe con firmeza, sin demoras ni privilegios. Este episodio, además de grave, refleja una deuda pendiente: garantizar el cumplimiento de los derechos humanos dentro de las instituciones.
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