La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que la economía argentina caerá un 4% este año, siete décimas más de lo que anticipó en mayo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó su informe de Perspectivas. En él empeoró sus previsiones sobre el crecimiento en Argentina y estimó que la economía caerá 4%. Son siete décimas más de lo que anticipó en mayo.
De acuerdo a lo que se explica en el informe publicado este miércoles, Argentina volverá a ser el país del G20 con la peor evolución en 2024. El único que también sufrirá una caída del PIB es Japón, pero de forma casi inapreciable (0,1%).
Mientras que en lo que respecta a la inflación, que en 2023 fue del 117,2%, ascenderá a niveles más altos (147,5%), aunque inferiores a los que se anticiparon en mayo.
Qué dice la OCDE sobre el crecimiento de Argentina en 2025
Según estimaciones, el año que viene las cosas cambiarán significativamente en Argentina. La actividad progresará un 3,9%, de acuerdo al informe. Los autores elevaron en 1,2 puntos sus anticipaciones de hace cuatro meses, la corrección más importante para el año próximo de todos los países.
La inflación se moderaría en 2025 y se situaría en 46,7%, 24,5 puntos porcentuales menos que lo estimado en mayo y por encima de lo que prevé el Presupuesto. Aunque seguirá siendo el único miembro del G20 con una inflación de dos dígitos, al igual que Turquía.
Los puntos que destacó el informe de OCDE
Al igual que sucedió con Brasil, México y Turquía, en Argentina la depreciación de la moneda ante las grandes divisas internacionales favoreció el incremento de ingresos por exportaciones. No obstante, contribuyó a que suba el costo de financiación de la deuda en dólares.
Sobre la deuda, el informe anticipa que las economías emergentes endeudadas están expuestas a variaciones de las condiciones financieras a escala global cuando la deuda está en divisas, como es el caso de Argentina. La recomendación es realizar reformas que permitan reforzar la recaudación y la eficiencia del gasto público, así como luchar contra el fraude fiscal, reducir el peso de las empresas públicas y achicar la actividad informal.
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