La reforma del régimen penal juvenil volvió al centro del debate político. La exvicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia expresó su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad, aunque advirtió que el proyecto oficial se queda corto y exige una respuesta estatal más amplia para los adolescentes.
En declaraciones radiales, la exvicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia sostuvo que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad no puede limitarse a una reforma del Código Penal. A su entender, es imprescindible que el Estado nacional acompañe con políticas públicas que ofrezcan alternativas reales a los chicos que hoy se ven empujados al delito.
Apoyo a la reforma, pero con críticas a los 14 años
La legisladora santafesina respaldó el corazón de la iniciativa oficialista, pero planteó reparos sobre el límite de catorce años como piso para la imputabilidad. Consideró que el proyecto “se queda corto” porque no aborda de manera integral la realidad social y económica que atraviesan miles de adolescentes en barrios vulnerables de todo el país.
Scaglia remarcó que, en provincias como Santa Fe, donde la violencia urbana y el narcotráfico impactan con fuerza, muchos jóvenes son reclutados como mano de obra barata por organizaciones criminales. “Si el Estado llega solo con más castigo y no con educación, salud y oportunidades, la ley va a ser insuficiente”, advirtió.
En ese sentido, pidió que el debate legislativo incluya metas claras de inversión en programas de inclusión educativa y laboral, fortalecimiento de los equipos de niñez y ampliación de dispositivos de salud mental y adicciones, sobre todo en grandes aglomerados urbanos como Rosario y el Gran Santa Fe.
Debate abierto y próximas definiciones en el Congreso
La legisladora consideró que el debate en el Congreso será una oportunidad para escuchar a especialistas, magistrados, organizaciones sociales y referentes territoriales. Planteó que es clave construir consensos amplios y evitar que la discusión quede reducida a una puja partidaria o a respuestas de corto plazo frente a hechos de inseguridad que conmocionan a la opinión pública.
La legisladora propuso avanzar en un esquema que combine responsabilidad penal acorde a la edad, programas de reinserción y seguimiento interdisciplinario, con una fuerte presencia estatal en los barrios más afectados por la violencia y la pobreza. “Si no hay un Estado que abrace a esos chicos antes de que llegue la justicia, la reforma va a nacer incompleta”, sintetizó.
El oficialismo buscará acelerar el tratamiento del proyecto, mientras desde Santa Fe y otras provincias con altos índices de violencia reclaman que la nueva ley vaya acompañada de recursos concretos y no quede solo en un cambio de números en el Código Penal.
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