La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y se debate en Diputados. Reglamenta mecanismos de participación ciudadana incorporados a la Constitución provincial en 2025. Para activar la revocatoria, se necesitarán firmas equivalentes al 25% del padrón del distrito y una votación popular que cumpla un umbral específico.
La ciudadanía de Santa Fe podría contar con una nueva herramienta para remover a funcionarios elegidos por el voto popular antes de que terminen sus mandatos. La Cámara de Diputadas y Diputados avanza en el análisis de una ley de participación ciudadana que reglamenta la revocatoria de mandatos y otros mecanismos de democracia directa incorporados a la Constitución provincial durante la reforma de 2025.
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado. Reúne propuestas de distintos espacios políticos, entre ellos el justicialismo, el socialismo, el radicalismo y el Frente Amplio por la Soberanía. El objetivo es establecer procedimientos concretos para que la población pueda intervenir en las decisiones públicas.
Revocatoria de mandatos: cómo se podrá destituir a un funcionario
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la posibilidad de solicitar que un funcionario electo deje su cargo antes de finalizar el mandato. Podría realizarse ante un grave incumplimiento de sus funciones.
Según el artículo 62 de la Constitución de Santa Fe, el procedimiento podrá iniciarse una vez transcurrido el primer año de mandato y hasta diez meses antes de su finalización. Para ponerlo en marcha, será necesario reunir el respaldo de, al menos, el 25% del padrón electoral del distrito correspondiente.
El mecanismo previsto en el proyecto contempla varias etapas:
- Presentación del pedido: los promotores deberán presentar una solicitud ante el Tribunal Electoral Provincial, con una fundamentación clara y precisa de las causas que justifican la revocatoria.
- Recolección de firmas: si se verifican los requisitos formales, el organismo entregará las planillas para reunir las adhesiones necesarias.
- Validación de las adhesiones: habrá un plazo máximo de dos meses para presentar las firmas. Luego, el Tribunal Electoral dispondrá de 30 días hábiles para verificar su cantidad y legitimidad.
- Convocatoria a votar: si se cumplen las condiciones, se deberá convocar a una votación dentro de un plazo máximo de 60 días corridos.
- Decisión final: la destitución se hará efectiva si la opción favorable a la revocatoria obtiene el apoyo de más del 50% del total de electores inscriptos en el padrón del distrito.
Si se alcanza ese umbral, el funcionario quedará destituido una vez concluido el escrutinio definitivo y se activará el procedimiento legal para su reemplazo. En cambio, si no se consigue el respaldo exigido, no podrá presentarse otra solicitud de revocatoria por las mismas causas referidas a los mismos hechos.