Las propuestas del Gobierno de Santa Fe para el proceso licitatorio de la Hidrovía

El Gobierno de Santa Fe presentó una serie de propuestas para fortalecer los pliegos del proceso licitatorio de la Hidrovía.

El Gobierno de Santa Fe apoya el proceso licitatorio en marcha para la concesión de la Hidrovía. En tal sentido, presentó una serie de propuestas destinadas a fortalecer los pliegos de condiciones. Entre los principales puntos, Provincia solicita mayores exigencias ambientales, planes de contingencia robustos y una mejor coordinación entre jurisdicciones, incluyendo auditorías y simulacros periódicos.

Si bien el pliego elaborado por el Gobierno nacional modifica aspectos respecto al fallido intento de concesión del año pasado, persiste la falta de un rol claro para las provincias en el seguimiento y control del proceso. Actualmente, el esquema propuesto por Nación no contempla participación directa de las provincias ribereñas ni durante la licitación ni en las instancias de fiscalización. De esta manera, limita su intervención a nivel consultivo.

En la etapa previa a la confección de los pliegos, el Estado nacional sostiene que las provincias participaron activamente en las mesas de discusión. Sin embargo, en los documentos finales, los Gobiernos provinciales quedaron al margen de responsabilidades concretas. Ante esto, Santa Fe priorizó la cuestión de la participación provincial en el paquete de sugerencias que elevó a Nación.

La presentación estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por Gustavo Puccini. El funcionario remarcó que para la provincia es fundamental que esta vez la licitación se concrete. Asimismo, consideró esencial que la administración de la hidrovía pase a manos de un operador privado. Esto se debe a que el actual esquema sin inversiones estructurales pone en jaque la competitividad de la economía regional.

Las propuestas del Gobierno de Santa Fe para el proceso licitatorio de la Hidrovía

1. Gobernanza y participación territorial: incorporar un órgano institucional que garantice la intervención de las provincias ribereñas, con funciones consultivas y de seguimiento sobre el mantenimiento, planificación y desvíos relevantes, además de articular acciones con municipios portuarios y otras autoridades locales.
2. Transparencia y atribuciones: dado que el pliego permite cancelar o declarar fracasada la licitación, se propone establecer criterios mínimos de justificación y publicidad de esas decisiones, respaldados por informes técnicos previos que otorguen mayor transparencia y trazabilidad.
3. Plazo y revisiones periódicas: considerando un contrato de 25 años, se plantea la inclusión de revisiones cada cinco años, con indicadores concretos y mecanismos de ajuste ante cambios en la demanda, en la traza navegable y en las condiciones hidrológicas o climáticas.
4. Niveles de servicio y accesos portuarios: se requiere especificar indicadores de disponibilidad y reportes estandarizados. También se alerta sobre los riesgos operativos y económicos para puertos públicos de Santa Fe. Esto, en caso de que la profundización de la vía principal no se acompaña de criterios compatibles en los canales de acceso. Por ello, se pide coordinación técnica y equivalencia de profundidades para evitar perjuicios a los puertos provinciales.
5. Calado del Puerto de Santa Fe: el mantenimiento de un calado adecuado debe ser política pública, ligada al desarrollo regional y la equidad territorial. Excluir este objetivo consolidaría desigualdades estructurales en el norte provincial. Por eso, Santa Fe insiste en que el pliego contemple la posibilidad de recuperar el calado histórico de 25 pies, sujeto a evaluación y evolución del tráfico.
6. Tecnificación y datos: se recomienda exigir la gobernanza pública de los datos, garantizando la continuidad, interoperabilidad y seguridad de la información, junto con estándares de ciberseguridad y operatividad.
7. Ambiente y contingencias: solicitan reforzar las exigencias ambientales, planes de contingencia y coordinación interjurisdiccional, incluyendo auditorías y simulacros periódicos.
8. Resolución de controversias: proponen fortalecer una instancia técnica previa obligatoria para resolver disputas operativas, con el objetivo de reducir litigios y agilizar la toma de decisiones.
9. Requisitos para oferentes: recomiendan revisar la proporcionalidad de garantías y requisitos para maximizar la competencia efectiva, sin resignar idoneidad ni control.
10. Publicidad y acceso a la información: se sugiere que las circulares incluyan resúmenes comparativos para facilitar la comprensión, la participación y la seguridad jurídica de todos los actores.