La Legislatura de Santa Fe aprobó una ley clave para la Caja de Jubilaciones provincial: acorta a la mitad el tiempo de espera para que los haberes previsionales se actualicen, mientras el peronismo intenta ponerle límites a la posibilidad de subir la edad jubilatoria.
La nueva norma da marco legal a un anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro: desde ahora, los aumentos para jubilados y pensionados provinciales se trasladarán a sus haberes treinta días después de que los perciban los trabajadores activos, y ya no con una demora de 60 días, como venía ocurriendo.
El cambio impactará en los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, que arrastraban una actualización más lenta respecto de los salarios en actividad. Para el oficialismo, la reducción del plazo significa una mejora en el poder de compra en un contexto de inflación sostenida.
Fuentes legislativas detallan que la ley establece la obligación de aplicar los incrementos en los haberes previsionales con este nuevo esquema, con el objetivo de acortar la brecha entre lo que cobran activos y pasivos en el sistema santafesino.
Debate político: edad jubilatoria y facultades del Ejecutivo
En paralelo, el bloque del justicialismo impulsa iniciativas para acotar las facultades del Poder Ejecutivo en materia previsional, en particular en lo que refiere a la posibilidad de modificar la edad jubilatoria mediante reglamentaciones o decisiones administrativas.
El PJ plantea que eventuales cambios en las condiciones de acceso a la jubilación, como subir la edad o alterar los años de aporte requeridos, deben ser discutidos de manera explícita en la Legislatura y no quedar sujetos a interpretaciones del gobierno de turno.
En el oficialismo, en cambio, señalan que se necesita cierta flexibilidad para administrar la sustentabilidad de la Caja, en un esquema donde la relación entre activos y pasivos viene tensionada por el envejecimiento poblacional y la informalidad laboral.
Contexto de la Caja Previsional en Santa Fe
La Caja de Jubilaciones de Santa Fe forma parte del grupo de cajas provinciales que no fueron transferidas a la Nación y se financia con aportes de trabajadores, contribuciones patronales y recursos del Tesoro. En los últimos años, el sistema registró un incremento del gasto previsional por encima de los ingresos corrientes.
Especialistas en previsión social advierten que, en la mayoría de las provincias argentinas, las reformas suelen combinar ajustes paramétricos (edad, años de servicio, cálculo del haber) con medidas de alivio para los sectores de menores ingresos. En Santa Fe, el foco inmediato se puso en acelerar la actualización de haberes, sin descartar discusiones de mayor alcance hacia adelante.
Organizaciones de jubilados valoran el acortamiento del plazo de traslado de aumentos, aunque reclaman revisar el método de cálculo de los haberes iniciales y avanzar en mecanismos que aseguren que ningún beneficiario quede por debajo de la canasta básica de una persona mayor.
Con la nueva ley ya sancionada, el desafío para el gobierno provincial será sostener el equilibrio entre la promesa de mejorar los ingresos de los pasivos y la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del sistema previsional santafesino.
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