Este jueves, Javier Milei en cadena nacional presentó un paquete de medidas políticas, económicas y militares para reforzar el reclamo de las Malvinas. En ese contexto, el gobierno de Santa Fe ratificó el reclamo y dijo que “es una posición histórica”.
En cadena nacional, el presidente Javier Milei dio un duro mensaje y confirmó que impondrá sanciones a las petroleras que operan en aguas cercanas a las islas Malvinas sin autorización de la Argentina, señalando que esas compañías vulneran la legislación nacional y adelantó que el Estado actuará contra sus activos en el país.
La vocera del Gobierno de la provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, reafirmó este viernes la postura de la provincia respecto a la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas.
Coudannes aseguró que “es una posición que destacamos, una posición histórica que ha tenido Argentina, entendiendo que la causa de Malvinas es la causa de todos los argentinos”.
Aseguró también que desde provincia “incluimos también esto en la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, reivindicando esta causa, reivindicando esta lucha”.
Que dice el decreto
El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial tras la cadena nacional de Javier Milei, endurece y agiliza las sanciones contra personas y empresas que exploren o exploten recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina sin autorización, focalizándose en el área de las Islas Malvinas.
Mediante esta norma, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto asume la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 para alinear la política exterior con las acciones sancionatorias. A su vez, se establece un procedimiento sumario ágil que otorga solo diez días hábiles a los presuntos infractores para presentar descargos, obligando a los organismos públicos a notificar cualquier irregularidad en un máximo de cinco días.
Asimismo, se modifica la reglamentación de la Ley de Hidrocarburos exigiendo una declaración jurada obligatoria a toda firma que solicite permisos, concesiones o adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Dicho documento debe certificar que la empresa y sus vinculadas no participan en actividades ilegítimas en Malvinas, bajo pena de inhabilitaciones que van de cinco a veinte años y la caducidad de sus operaciones en el país.
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