La tensión por los bajos salarios en la policía de Santa Fe encendió una alarma que ya se extiende a otras fuerzas de seguridad, mientras el Gobierno provincial intenta desactivar el conflicto en medio de una economía golpeada.
Imagen: Clarín
El malestar por los salarios en niveles de pobreza dentro de la policía santafesina empezó a irradiarse a otras fuerzas de seguridad y suma preocupación política. En este contexto, el ministro de Seguridad, Pablo Monteoliva, decidió suspender un viaje internacional para seguir de cerca la evolución del conflicto y evitar que escale en las próximas horas.
Fuentes oficiales admiten que los sueldos quedaron muy rezagados frente a la inflación y que una parte importante del personal depende de horas extras y adicionales para llegar a fin de mes. Esa situación, que se repite en distintas provincias, en Santa Fe se volvió especialmente sensible por el peso que tiene la seguridad en la agenda pública.
El temor en la Casa Gris es que el reclamo derive en medidas de fuerza más visibles, como retención de tareas o concentraciones frente a comisarías y sedes administrativas, algo que ya tuvo antecedentes en la provincia y dejó imágenes de fuerte impacto social.
Presión interna y señales políticas
La decisión de Monteoliva de cancelar un viaje al exterior fue leída como un gesto hacia el interior de la fuerza. El objetivo es mostrar presencia y conducción política en un momento en que los chats internos y grupos de mensajería se llenan de quejas por los haberes, las condiciones laborales y la falta de equipamiento.
En paralelo, el Gobierno provincial evalúa alternativas de recomposición salarial escalonada, aunque admite que las cuentas públicas están muy ajustadas. La discusión se da en medio de negociaciones paritarias con otros sectores estatales y del debate nacional por el ajuste del gasto público.
Especialistas en seguridad advierten que cuando los salarios de policías y fuerzas de seguridad quedan por debajo de la línea de pobreza, se agravan los riesgos de corrupción, deserción y pérdida de profesionalismo. También señalan que la falta de previsibilidad en los ingresos impacta en la moral y en la capacidad operativa.
Un conflicto que puede contagiar a otras provincias
El caso de Santa Fe se sigue con atención desde otros distritos, donde los salarios de las fuerzas de seguridad también quedaron licuados por la inflación. En los últimos años hubo protestas similares en Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Chaco, lo que encendió alertas en los gobiernos locales y en la Nación.
Dirigentes sindicales y asociaciones que nuclean a personal retirado sostienen que los aumentos otorgados en los últimos meses no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica. Reclaman una revisión integral de las escalas salariales y de los adicionales, además de mejoras en la provisión de chalecos, móviles y armamento.
Mientras tanto, en Santa Fe se multiplican las reuniones reservadas entre funcionarios, jefes policiales y representantes de los efectivos para intentar encauzar el conflicto. El Gobierno apuesta a mantener abiertos los canales de diálogo y a evitar que las tensiones deriven en una crisis de seguridad que afecte a la población.
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