La causa contra un sacerdote danés acusado de acumular decenas de miles de archivos pedófilos volvió a estremecer al ámbito religioso y judicial, luego de que el propio imputado intentara minimizar el material al compararlo con una simple “colección de estampillas”.
De acuerdo a la investigación, el religioso tenía en su poder cerca de 80.000 imágenes y 2.300 videos de contenido pedopornográfico. Los peritos describieron el hallazgo como uno de los acopios digitales más grandes detectados en los últimos años.
Tom Thygesen Frederiksen, de 60 años, reconoció poseer esas imágenes en su proceso en el tribunal de Naestved. Frederiksen reconoció ser un “adicto a la pornografía”, aunque sostuvo que “no siente atracción” por los niños o niñas.
Fuentes ligadas al expediente señalaron que alrededor de 700 imágenes fueron clasificadas en la categoría más grave, es decir, escenas donde se evidencia un alto grado de violencia y vulneración hacia niñas, niños y adolescentes. Esa calificación agrava la situación procesal del acusado.
Una defensa que generó rechazo
En el marco de la causa, el sacerdote intentó justificar la tenencia del material al describirlo como una “colección” personal, comparándola con la de quienes juntan estampillas. La frase fue considerada inaceptable por especialistas y organizaciones que trabajan contra el abuso sexual infantil.
La legislación penal argentina tipifica la tenencia, producción y distribución de pornografía infantil como un delito grave, con penas que pueden ir de los cuatro a los diez años de prisión, dependiendo de la magnitud del material y el rol que se le atribuya al imputado.
Para las entidades que combaten la explotación sexual de menores, cada archivo digital no es un simple dato, sino la evidencia de un delito concreto que implica la revictimización de quienes fueron filmados o fotografiados. Por eso insisten en desterrar expresiones que banalicen el daño.
El rol de la Iglesia y los protocolos de prevención
En los últimos años, la Iglesia Católica anunció la implementación de protocolos internos para abordar denuncias de abusos y conductas indebidas por parte del clero. Sin embargo, organizaciones de víctimas reclaman más celeridad, transparencia y acompañamiento a las personas afectadas.
Especialistas en protección de la niñez remarcan que estos casos exponen la importancia de denunciar cualquier sospecha de circulación de material de abuso sexual infantil, ya sea en redes sociales, servicios de mensajería o dispositivos electrónicos.
También destacan que la detección temprana suele apoyarse en herramientas tecnológicas que permiten rastrear el intercambio de este tipo de archivos, así como en la cooperación internacional entre fuerzas de seguridad y organismos especializados.
Mientras avanza el proceso judicial, la causa vuelve a poner en debate la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, educación y acompañamiento a víctimas de abusos, así como la responsabilidad de las instituciones para impedir que se repitan estos hechos.
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