La nueva normativa de autonomía municipal faculta al gobierno local para ingresar en terrenos baldíos sin esperar una orden judicial.
El gobierno local de Rosario oficializó recientemente un decreto que amplía sus facultades operativas sobre terrenos baldíos y construcciones abandonadas. Esta normativa se fundamenta en la autonomía municipal lograda tras la reforma de la Constitución provincial vigente.
Por lo tanto, los agentes municipales podrán intervenir en propiedades privadas sin necesidad de tramitar una orden judicial previa. No obstante, el municipio aplicará estas medidas exclusivamente cuando el estado del inmueble represente un riesgo sanitario, ambiental o de seguridad. La reglamentación establece criterios estrictos de legalidad para asegurar que el ingreso tenga solo fines administrativos y de saneamiento urbano.
En primer lugar, la autoridad debe constatar que el predio se encuentre efectivamente deshabitado o en condiciones ruinosas. Además, el Ejecutivo municipal debe realizar una intimación fehaciente al propietario y verificar su incumplimiento antes de actuar.
Una vez agotadas estas instancias, los inspectores realizarán tareas de limpieza, desmalezamiento y eliminación de focos infecciosos. Estas acciones resultan vitales para prevenir la proliferación de roedores y mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue. Asimismo, el decreto exige la presencia de dos testigos y un veedor del Tribunal de Faltas durante cada operativo.
Por otro lado, el costo de las tareas de mantenimiento recaerá directamente sobre el titular del inmueble intervenido. Sin embargo, la municipalidad ofrece alternativas como las plazas de bolsillo para aquellos dueños que carezcan de recursos económicos. Este esquema permite al Estado gestionar el espacio y reducir el pago de tasas municipales al contribuyente.
Actualmente, la Secretaría de Control ya posee un listado de 56 inmuebles críticos identificados para una intervención inmediata. En conclusión, Rosario fortalece su capacidad de policía sanitaria para garantizar la protección de la salud pública y el ordenamiento del entorno urbano.
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