La administración local advirtió que la deuda nacional por los beneficios de la tarjeta Sube asciende a los 4.500 millones de pesos y complica el financiamiento de un sistema golpeado por los constantes aumentos en el precio del gasoil.
La crisis económica y los constantes aumentos en los combustibles impactan severamente en la operatividad del transporte público a nivel nacional. Mientras el área metropolitana de Buenos Aires y los servicios interurbanos santafesinos reducen sus frecuencias, Rosario intenta sostener la prestación habitual. El secretario de Gobierno local, Sebastián Chale, confirmó que el municipio asume el desfasaje de costos con recursos financieros propios.
El conflicto por los subsidios nacionales
Las autoridades municipales advirtieron sobre un retraso crítico en el envío de fondos correspondientes a los atributos sociales de la tarjeta Sube. Actualmente, la administración nacional adeuda aproximadamente 4.500 millones de pesos a la ciudad por este concepto específico. Esta cifra representa el único aporte federal que recibe el sistema tras la eliminación de otros subsidios al transporte.
El flujo de dinero acumulado debería cubrir los viajes realizados por beneficiarios sociales durante los últimos meses de gestión. No obstante, el funcionario señaló que todavía no percibieron las transferencias pertenecientes al primer trimestre del año 2026. Por consiguiente, la falta de pago genera una presión financiera insostenible para las empresas que prestan el servicio diariamente.
Impacto en los usuarios y costos operativos
Alrededor de 200 mil personas utilizan los descuentos sociales para abonar apenas el 45 por ciento del valor del boleto total. Este grupo incluye a empleadas domésticas, jubilados y beneficiarios de asignaciones universales que dependen exclusivamente del sistema de colectivos. De este modo, la sostenibilidad del esquema tarifario actual corre riesgo si la Nación no regulariza los pagos pendientes.
El precio del gasoil constituye el insumo principal y su incremento reciente osciló entre el 15 y el 25 por ciento. Además del transporte, esta suba afecta directamente a la recolección de residuos y al mantenimiento integral del espacio público. A pesar de este contexto adverso, la intendencia garantiza la cantidad de unidades en la calle para no perjudicar a los trabajadores.
Así, el gobierno local mantiene conversaciones permanentes con la Secretaría de Transporte provincial para destrabar los fondos adeudados por el estado nacional. La comunidad rosarina permanece alerta ante posibles complicaciones que deriven del actual escenario de inflación y desfinanciamiento.
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