La Cámara Federal de Casación Penal dio un giro en la causa por lavado de activos ligada al narco rosarino Delfín David Zacarías y condenó a tres de sus presuntos testaferros que habían sido absueltos en primera instancia.
En una resolución unánime, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó parcialmente el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario y responsabilizó a tres personas por el lavado de dinero generado por la organización liderada por Delfín David Zacarías, quien acumula una pena única de 19 años de prisión tras la unificación de condenas.
Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Carlos Alberto Mahiques dejaron sin efecto las absoluciones de Jorge Zacarías (hermano del jefe narco), Edgardo Radovani y Néstor Fernández. Los consideraron coautores del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad y por haberse cometido en el marco de una asociación ilícita.
El fallo, notificado el 26 de febrero, ordenó reenviar el expediente al tribunal oral de origen para que fije las penas que les corresponderán a los nuevos condenados y resuelva sobre el decomiso de bienes que no habían sido tratados en la sentencia inicial.
Críticas a la valoración de la prueba y rol del Ministerio Público
La intervención de Casación se produjo a partir de un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, entonces representado por el fiscal general Federico Reynares Solari, hoy integrante de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.
El fiscal cuestionó que las absoluciones fueran, a su criterio, arbitrarias, porque el tribunal de juicio no habría valorado de forma adecuada la prueba producida durante el debate oral, lo que habría derivado en una lectura equivocada de los hechos investigados.
A su vez, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuó como querellante, también apeló ese pronunciamiento. Señaló la falta de fundamentación de las absoluciones y subrayó la importancia de ponderar los indicadores típicos de lavado, como el uso de prestanombres, las inconsistencias patrimoniales y los lazos familiares o comerciales con los principales condenados.
La UIF también objetó el monto de las penas aplicadas en primera instancia, al entender que no guardaban relación con la gravedad de los hechos ni cumplían un efecto disuasivo suficiente, tal como exigen los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En la instancia de Casación, la postura acusatoria fue sostenida por el fiscal general Raúl Pleé, quien remarcó errores en el análisis del lavado de activos de origen delictivo y en la valoración integral de la prueba.
Vínculos con la “Operación Flipper” y el narco rosarino
La causa por lavado es una derivación del proceso penal que desmanteló en 2013 la estructura narco encabezada por Delfín Zacarías, en el marco de la llamada “Operación Flipper”. Aquella investigación fue llevada adelante por la entonces Fiscalía Federal de Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
En los procedimientos se secuestraron alrededor de 300 kilos de cocaína y pasta base, así como 1.300 litros de precursores químicos. Además, las fuerzas federales desarticularon una “cocina” de cocaína que funcionaba en un barrio privado de Funes, a unos 18 kilómetros de Rosario.
Tras el juicio oral de 2018, Delfín Zacarías recibió una condena de 16 años de prisión por producción, comercialización y tenencia de estupefacientes agravada por la participación de una organización criminal. En esa misma causa fueron sentenciados integrantes de su entorno familiar, entre ellos su esposa Sandra Inés Marín y sus hijos Flavia y Joel Zacarías, junto con otros colaboradores cercanos.
Testaferros, bienes y maniobras de lavado
La investigación patrimonial permitió establecer que Zacarías utilizó familiares y allegados como testaferros para adquirir bienes y disimular el origen ilícito del dinero generado por el narcotráfico.
Entre los activos detectados se identificaron numerosos vehículos, inmuebles y cocheras que figuraban a nombre de terceros, pero que eran administrados por el propio Zacarías y su círculo de confianza. Justamente estas maniobras, que ahora Casación ordena revisar con otro estándar de análisis, fueron el centro de la discusión sobre las responsabilidades penales de los presuntos prestanombres.
Con la nueva resolución, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario deberá avanzar en la fijación de las penas y en una revisión integral del decomiso de bienes, un punto clave para debilitar la capacidad económica de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.
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