El Gobierno nacional sigue de cerca la convocatoria de la CGT contra la reforma laboral y prepara un operativo especial de seguridad, atento a la posible presencia de sectores de izquierda más duros.
En la antesala de una nueva movilización contra la reforma laboral, la Casa Rosada espera que la marcha central de la CGT transcurra de manera “ordenada” y sin episodios de violencia. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo confía en que la conducción de la central obrera llamará a una protesta masiva pero pacífica, centrada en el rechazo a los cambios en las condiciones de trabajo.
No obstante, el Gobierno mantiene en pie el protocolo antipiquetes diseñado por el Ministerio de Seguridad. La intención, explican, no es aplicarlo con su máximo rigor sobre la columna principal de la CGT, sino estar preparado ante posibles “desbordes” en los márgenes de la marcha, sobre todo de grupos identificados con la izquierda política y organizaciones sociales más combativas.
La reforma laboral que impulsa el oficialismo apunta, entre otros puntos, a la flexibilización de las modalidades de contratación, cambios en las indemnizaciones y una reducción de cargas para las empresas. Los gremios sostienen que estas modificaciones implican una pérdida de derechos adquiridos y un avance sobre la estabilidad de los trabajadores registrados.
La posición de la CGT y la mirada sobre la izquierda
En la CGT buscan marcar una diferencia clara con los sectores de izquierda. Desde la central mayoritaria insisten en un perfil institucional de la protesta, con actos, discursos y un mensaje centrado en la defensa del empleo y la negociación colectiva. El objetivo es evitar que la jornada quede asociada a incidentes o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En paralelo, partidos de izquierda y agrupaciones piqueteras anuncian su propia participación, con columnas propias y reclamos más amplios contra el ajuste económico y el rumbo del Gobierno. Para la Casa Rosada, ese es el foco de mayor preocupación: temen que pequeños grupos intenten cortar accesos clave o avanzar sobre zonas no acordadas previamente.
En ese contexto, las fuerzas federales y las policías locales coordinarán un despliegue que incluirá monitoreo aéreo, cámaras de seguridad y un seguimiento en tiempo real de los movimientos de cada columna. La consigna oficial es garantizar el derecho a la protesta, pero sin permitir bloqueos prolongados de vías estratégicas.
Reforma laboral y clima social en la calle
La discusión sobre la reforma laboral atraviesa un momento de alta sensibilidad social. Con la inflación todavía elevada y un mercado de trabajo fragmentado entre empleo formal, informal y monotributistas, los sindicatos alertan por una posible mayor precarización de millones de trabajadores. Distintas consultoras laborales advierten, además, que los cambios podrían tener impacto desigual según el sector y el tamaño de las empresas.
Mientras el Gobierno insiste en que la flexibilización es clave para fomentar el empleo privado y reducir litigiosidad, las centrales obreras y la izquierda hablan de un “retroceso histórico” en materia de derechos. El resultado de la jornada de protesta será leído como una señal política fuerte: tanto en la capacidad de movilización de la CGT como en la respuesta oficial en las calles.
En este escenario, la gran incógnita es si la tensión se mantendrá en el plano discursivo o si habrá episodios que obliguen al Ejecutivo a endurecer su postura. Lo que suceda durante y después de la marcha podría marcar el tono de la relación entre el Gobierno, los sindicatos y la izquierda en los próximos meses.
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