El Gobierno nacional acelera la negociación por la reforma laboral mientras se suman nuevos focos de tensión: los cambios en el INDEC, la presión por el impuesto a las Ganancias y el rol clave de los gobernadores en el Congreso.
Reforma laboral bajo la lupa de las provincias
La Casa Rosada busca cerrar un acuerdo político para aprobar la reforma laboral, pero la negociación con los gobernadores se complica. A la discusión técnica sobre los cambios en indemnizaciones, convenios colectivos y contribuciones patronales se suman otros temas sensibles en las provincias, como la actualización de Ganancias y el futuro de las estadísticas oficiales del INDEC.
En este escenario, los mandatarios provinciales reclaman previsibilidad fiscal y certezas sobre cómo impactarán las reformas en sus cuentas públicas. La restitución o ampliación del alcance del impuesto a las Ganancias para trabajadores de salarios medios-altos divide aguas y genera resistencias en distritos con fuerte presencia de empleo registrado.
Además, los cambios proyectados en el INDEC para revisar la metodología de medición de inflación y otros indicadores económicos despiertan preocupación entre gobernadores que temen perder herramientas para negociar aumentos salariales, actualizar contratos y proyectar sus presupuestos.
La Ley de Glaciares y el intento de contener al norte
En paralelo a la reforma laboral, el Gobierno intenta retener apoyos de las provincias del norte con un gesto político: mantener sin cambios sustanciales la Ley de Glaciares. La normativa, clave para la protección ambiental y la regulación de actividades mineras en zonas de alta montaña, es observada con atención por mandatarios que dependen de esos proyectos para generar divisas y empleo.
La decisión de no avanzar con una modificación profunda de la ley apunta a desactivar un frente de conflicto adicional. Sin embargo, en los despachos provinciales advierten que seguirán de cerca cualquier intento de reinterpretar sus alcances a través de reglamentaciones o decretos que puedan flexibilizar los controles ambientales.
Los gobernadores del norte buscan un balance entre la explotación de recursos naturales y la sustentabilidad, al tiempo que reclaman una mayor participación en la renta que generan los proyectos de minería y energía. En ese marco, la negociación por la reforma laboral se mezcla con reclamos históricos de coparticipación y obras de infraestructura.
CFI desinflado y el rol de Bullrich en los acuerdos
La cumbre de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que prometía ser un espacio clave de presión coordinada hacia la Nación, perdió fuerza en las últimas horas. Algunas provincias optaron por bajar el tono de la confrontación directa, mientras otras prefieren negociar de manera individual con el Ejecutivo.
En este tablero aparece la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las funcionarias que más se mueve para tender puentes con aliados legislativos y mandatarios provinciales. Su figura, con llegada a sectores del oficialismo y de la oposición dialoguista, se vuelve relevante para construir mayorías en el Congreso.
El Gobierno necesita garantizar un piso de votos que le permita avanzar con la reforma sin introducir cambios que vacíen de contenido el proyecto original. Por eso, cada gesto de apoyo o de distanciamiento de los gobernadores se sigue de cerca en Balcarce 50.
Ziliotto se planta y persisten las dudas
En este contexto, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, pasó por la Casa Rosada y volvió a dejar clara su posición: no está dispuesto a respaldar la reforma laboral en los términos actuales. El mandatario pampeano se suma así a un grupo de gobernadores que exige cambios profundos en el texto antes de acompañar.
Entre los puntos más cuestionados figuran la flexibilización de condiciones de contratación, la ampliación del período de prueba y las modificaciones en el cálculo de indemnizaciones, medidas que los sindicatos consideran regresivas y que algunos gobiernos provinciales temen que tensionen aún más el clima social.
Con este cuadro, la negociación por la reforma laboral se vuelve un rompecabezas político en el que confluyen intereses fiscales, demandas de las provincias, agenda ambiental y la presión de los mercados para avanzar con cambios estructurales. El desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para tejer acuerdos transversales en un Congreso fragmentado.
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