El oficialismo acelera contrarreloj las negociaciones en el Senado para intentar aprobar la reforma laboral, en medio de dudas sobre si contará o no con los votos necesarios para avanzar.
Con el reloj parlamentario en marcha, el Gobierno nacional apuesta a una intensa ronda de contactos para lograr que la reforma laboral llegue al recinto del Senado esta misma semana. La sesión apuntada es la del miércoles 11, fecha que la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, insiste en sostener a pesar de que, puertas adentro, reconocen que aún no tienen los apoyos garantizados.
En Casa Rosada y en el Congreso coinciden en que el escenario es sumamente ajustado. La reforma, uno de los ejes del programa económico y político del oficialismo, requiere el respaldo de sectores aliados y de parte de la oposición dialoguista para superar la instancia de la votación en general y, luego, sortear posibles rechazos artículo por artículo.
Reuniones clave y presión sobre los gobernadores
Este martes se esperan al menos dos reuniones centrales en el Senado para medir fuerzas y ajustar números. Legisladores de LLA, el PRO y sectores del radicalismo mantendrán encuentros reservados para ordenar la estrategia y evaluar eventuales modificaciones al texto, con el objetivo de sumar voluntades sin vaciar de contenido el proyecto impulsado por el Ejecutivo.
En paralelo, el oficialismo refuerza la presión sobre los gobernadores, actores clave a la hora de inclinar la balanza. Cada voto en la Cámara alta suele estar atado a los equilibrios locales y a la negociación por fondos, obras y programas, por lo que las conversaciones exceden lo estrictamente laboral y se mezclan con el mapa de poder federal.
Fuentes parlamentarias señalan que algunos mandatarios provinciales reclaman mayores garantías sobre el impacto fiscal y productivo de la reforma, en especial en materia de contribuciones patronales y regímenes especiales. Otros exigen incorporar salvaguardas para pymes y economías regionales, temerosos de que una flexibilización brusca derive en conflictos sociales.
Qué se discute alrededor de la reforma
El proyecto de reforma laboral forma parte del paquete de cambios estructurales que impulsa el Gobierno, con ejes en la modernización de las relaciones de trabajo, la disminución del costo de la litigiosidad y la revisión de algunos beneficios y regímenes especiales. Organizaciones sindicales y opositoras advierten que varias de esas modificaciones implican una pérdida de derechos adquiridos.
Entre los puntos más observados se encuentran la redefinición de las indemnizaciones por despido, cambios en períodos de prueba y modalidades de contratación, así como la regulación de nuevas formas de trabajo vinculadas a la economía digital. Para el Ejecutivo, esto permitiría dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad; para buena parte del sindicalismo, podría traducirse en mayor precarización.
La resolución del debate en el Senado tendrá impacto directo en el clima político nacional. Un avance significativo fortalecería la agenda de reformas del oficialismo; un traspié, en cambio, reavivaría las tensiones con la oposición y abriría un interrogante sobre la capacidad del Gobierno para impulsar otros proyectos sensibles en un Congreso sin mayorías propias.
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