Con un DNU, el Gobierno busca la reforma del Conicet, al modificar su gobernanza y orientar las investigaciones hacia intereses productivos.
El Gobierno prepara una reforma del Conicet mediante un DNU y busca redefinir el sistema de gobernanza para influir de manera directa en el plan de investigaciones. Además, pretende ordenar los incentivos y vincular la producción científica con las prioridades económicas de cada región. Aunque el proyecto estuvo en pausa por tensiones electorales, en la Casa Rosada aseguran que impulsarán la medida en el corto plazo.
El Ejecutivo quiere que las universidades lideren la definición de proyectos y que cada distrito oriente las líneas de trabajo según su perfil productivo. Por ese motivo, el oficialismo plantea un esquema de autonomía regional que descentralice la selección y priorización de investigaciones. También sostiene que esta reorganización ayudará a modernizar sectores estratégicos, sobre todo en provincias con actividad minera o energética.
El organismo cuenta con más de 26.000 trabajadores y una estructura que incluye 17 CCT, 7 CIT, un centro multidisciplinario y más de 300 institutos asociados a universidades. Su conducción está compuesta por un directorio de ocho integrantes y un presidente designado por el Gobierno, hoy Daniel Salamone, con mandatos que se renuevan parcialmente cada dos años. Este entramado, según el Ejecutivo, requiere ajustes para responder a las nuevas demandas del desarrollo científico.
La Casa Rosada analiza excluir del proceso de ingreso a los investigadores de ciencias sociales y humanidades para priorizar perfiles técnicos vinculados con energía, minería y salud. Aunque la reforma estructural del organismo quedó en suspenso, el Gobierno mantiene firme su intención de modificar los criterios de incorporación. Los equipos técnicos de Sturzenegger e Ibarzabal revisaron varias versiones del decreto y solo resta definir la fecha de su publicación.
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