La discusión por la reforma de la ley de Glaciares entra en una etapa clave con el inicio de las audiencias públicas, atravesadas por fuertes cuestionamientos a las restricciones impuestas para la participación ciudadana.
La organización de las audiencias quedó en el centro de la escena luego de que la Justicia avalara el esquema propuesto por el oficialismo libertario, que fijó un máximo de cuatrocientos participantes distribuidos en dos jornadas, frente a más de 100.000 personas inscriptas para exponer.
Es importante mencionar que la ley de Glaciares es una de las normas ambientales más sensibles del país. Ésta regula la protección de los cuerpos de hielo y las áreas periglaciares, claves para el abastecimiento de agua y el equilibrio de ecosistemas de montaña. Cualquier modificación tiene impacto directo sobre la actividad minera y otros emprendimientos económicos en zonas cordilleranas.
En ese contexto, organizaciones socioambientales, académicos y asambleas ciudadanas cuestionan que la limitación de oradores deja afuera a la enorme mayoría de quienes se anotaron para participar, y advierten que se restringe de hecho la participación pública en un tema de interés colectivo.
Desde el espacio libertario defendieron el diseño de las audiencias. Argumentaron que el tope de cuatrocientos intervenciones permite un desarrollo “ordenado” del cronograma y remarcaron que la documentación vinculada al proyecto de reforma está disponible de forma digital para su consulta.
Críticas al recorte de voces
Referentes ambientales sostienen que la Justicia terminó respaldando un formato que, en los hechos, achica el debate. Plantean que las audiencias públicas deben ser un mecanismo amplio de consulta y que el número de expositores fijado no guarda relación con el nivel de interés que generó la revisión de la norma.
También remarcan que las cuencas de montaña abastecen de agua a ciudades y zonas productivas de distintas provincias, por lo que consideran indispensable escuchar a comunidades locales, especialistas en glaciología, universidades y representantes de actividades económicas potencialmente afectadas.
En paralelo, sectores vinculados a la minería y a proyectos de inversión observan con atención el avance de la reforma, ya que la ley vigente establece restricciones estrictas para operar en áreas cercanas a glaciares. El resultado del debate legislativo podría redefinir el mapa de futuras explotaciones.
Con el cronograma de audiencias ya en marcha, el eje de la discusión se reparte entre el contenido de los cambios propuestos y la forma en que se garantiza -o se limita- la palabra de quienes buscan opinar sobre el futuro de una de las principales reservas de agua del país.
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