El rector de la UNR sostiene que el Presupuesto 2026 debe asegurar el financiamiento universitario previsto por la ley para proteger el derecho a la educación.
El cierre de 2025 encontró a las universidades nacionales en tensión debido a la ley de financiamiento universitario que el gobierno promulgó pero no ejecutó. En este contexto, los rectores analizaron el proyecto de presupuesto 2026 y cuestionaron sus cifras.
Según ellos, el esquema planteado vulnera el derecho a la educación y limita el funcionamiento del sistema. Por eso, reclamaron un presupuesto aprobado por el Congreso que incluya un piso equivalente al que establece la citada ley.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, señaló que los problemas actuales provienen de dos años consecutivos con un presupuesto prorrogado. Además, indicó que las universidades trabajan con valores de octubre de 2023, lo que profundiza el deterioro.
También afirmó que el proyecto del Ejecutivo mantiene para 2026 el nivel asignado en 2025, lo que agrava el ajuste. Frente a esto, el CIN iniciará gestiones con legisladores de todas las provincias para lograr un presupuesto que respete la ley de financiamiento y que asegure condiciones mínimas de operación.
El CIN recordó que el Congreso ya aprobó dos veces esa ley, que actualiza partidas para el funcionamiento, los hospitales universitarios, la ciencia, la tecnología y la extensión, además de recomponer salarios.
El presidente Javier Milei vetó la norma con el argumento de proteger el equilibrio fiscal. Luego, ambas cámaras rechazaron el veto y obligaron al Ejecutivo a promulgarla. Ante la suspensión posterior, el sistema universitario recurrió a la Justicia.
El gobierno propuso 4,8 billones de pesos para 2026, mientras que las universidades solicitaron 7,3 billones para evitar un deterioro mayor. Por eso, el CIN exigió partidas que sostengan salarios, becas y derechos educativos, ya que el proyecto oficial compromete gravemente el acceso a una universidad pública de calidad.
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