Un nuevo relevamiento nacional volvió a encender las alarmas sobre la situación carcelaria en Argentina, con un crecimiento sostenido de la población detenida y establecimientos penitenciarios que ya operan muy por encima de su capacidad.
Imagen: Ámbito
De acuerdo a un documento elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) con datos de 2024, en el país hay 121.443 personas detenidas, lo que constituye un récord histórico. El informe advierte que el sistema penitenciario funciona actualmente al 130,2% de su capacidad, un nivel de sobrepoblación que agrava las condiciones de detención.
La sobreocupación implica que, por cada 10 plazas disponibles, hay más de 13 personas privadas de libertad. Especialistas advierten que este escenario incrementa el riesgo de hacinamiento, violencia y vulneración de derechos básicos, y dificulta cualquier política de reinserción social.
Un aumento del 7% en un año
El CNPT detalló que la población carcelaria creció alrededor de 7% respecto del año anterior. Este incremento se asocia a varios factores: mayor uso de la prisión preventiva, endurecimiento de políticas penales, causas vinculadas al narcotráfico y demoras en los procesos judiciales.
Organizaciones de derechos humanos remarcan que la cantidad de personas detenidas viene en alza desde hace más de una década. El salto de los últimos años se da en un contexto de debate político intenso sobre seguridad, donde los reclamos por respuestas rápidas frente al delito suelen traducirse en más detenciones, pero sin una planificación equivalente en infraestructura y recursos.
Córdoba, a la cabeza entre las provincias
El informe señala que la provincia de Córdoba se ubica al tope del ranking de jurisdicciones con mayor cantidad de personas privadas de libertad. La provincia mediterránea ya venía mostrando, en relevamientos anteriores, índices elevados de ocupación y denuncias por condiciones de detención deficientes.
El escenario cordobés se repite, con matices, en otras provincias grandes y en el sistema federal. En varias jurisdicciones se combinan establecimientos antiguos y deteriorados con cárceles nuevas que rápidamente quedan desbordadas. En ese marco, crecen los reclamos de defensores públicos y organizaciones sociales por la falta de espacios adecuados.
Hacinamiento y derechos humanos en discusión
El nivel de ocupación del 130,2% supera con creces los parámetros recomendados por organismos internacionales. El hacinamiento impacta en cuestiones básicas como alimentación, acceso a la salud, higiene y contacto con las familias. También limita el desarrollo de actividades educativas y laborales dentro de las unidades.
El CNPT viene advirtiendo que la combinación de sobrepoblación y falta de personal capacitado puede derivar en peores condiciones de seguridad tanto para las personas detenidas como para los trabajadores penitenciarios. A su vez, recuerdan que el Estado tiene la obligación legal de garantizar la integridad física y psíquica de quienes se encuentran bajo su custodia.
Debate sobre políticas criminales y alternativas
Frente a este escenario, especialistas en derecho penal plantean la necesidad de revisar el uso extensivo de la prisión preventiva y fortalecer medidas alternativas, como la prisión domiciliaria en casos previstos por la ley, los dispositivos de monitoreo electrónico y programas de probation y salidas anticipadas con control judicial.
También remarcan que una política criminal centrada únicamente en el aumento de las penas termina tensionando aún más un sistema ya saturado, sin atacar las causas estructurales del delito, como la exclusión social, la falta de empleo y el acceso desigual a la educación.
En paralelo, el CNPT insiste en la importancia de transparentar datos y monitorear de manera permanente la situación de las cárceles para evitar nuevas vulneraciones de derechos, en un contexto donde Argentina ya acumula fallos adversos de tribunales internacionales por las condiciones de detención.
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