La Justicia santafesina ordenó que el principal acusado por el femicidio de Analía Colomer en Reconquista permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación, en una causa caratulada como homicidio doblemente agravado.
La decisión fue tomada por la jueza Norma Senn a pedido del fiscal Valentín Hereñú, quien imputó al sospechoso por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. De esta manera, el hombre continuará preso mientras se desarrollan las medidas de prueba clave para reconstruir lo sucedido y determinar su responsabilidad penal.
El caso de Analía Colomer se suma a un preocupante contexto nacional: en Argentina se registra en promedio un femicidio cada 35 horas, según relevamientos de organizaciones especializadas. La figura de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género prevé una pena de prisión perpetua, lo que da cuenta de la gravedad de la acusación que enfrenta el detenido.
La acusación y el rol de la Justicia
Durante la audiencia, el fiscal detalló los elementos que, a su criterio, permiten sostener la imputación. Entre ellos, mencionó pruebas testimoniales, actuaciones policiales iniciales y los resultados preliminares de peritajes. Con estos datos, la Fiscalía consideró indispensable que el acusado continúe detenido para evitar riesgos procesales como la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación.
La jueza Senn hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva, una medida que en casos de femicidio se fundamenta también en la necesidad de enviar un mensaje claro de compromiso institucional frente a la violencia machista.
Femicidios y violencia de género en Argentina
En los últimos años, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como observatorios de género han advertido sobre la persistencia de altos niveles de violencia letal contra las mujeres. La mayoría de los femicidios ocurre en contextos de violencia previa, que muchas veces las víctimas ya denunciaron. En general, las parejas o exparejas de las mujeres ejercen esta violencia y llegan a cometer el femicidio.
La figura de homicidio agravado por mediar violencia de género fue incorporada al Código Penal en 2012 y permite calificar como femicidio aquellos crímenes en los que la víctima es asesinada en un contexto de discriminación y violencia por su condición de mujer. Esta herramienta legal, sumada a las políticas públicas de prevención, busca reducir la impunidad y fortalecer la protección de las víctimas.
Organizaciones feministas y de derechos humanos insisten en la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia, acompañamiento y protección, así como de profundizar la capacitación obligatoria en género para funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y personal estatal, en línea con la Ley Micaela. Cada nuevo femicidio vuelve a poner en debate la eficacia de las medidas vigentes y la urgencia de reforzar la prevención.
Mientras tanto, la causa por el femicidio de Analía Colomer seguirá su curso con nuevas pericias, toma de testimonios y análisis de evidencia, en un expediente que será clave para determinar si el acusado llega a juicio oral enfrentando la pena máxima prevista por la ley.
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