Rechazan una demanda de la Caja de Ingenieros contra la Municipalidad de Rosario

El fuero Civil y Comercial rechazó el amparo que presentó la Caja de Ingenieros contra la Municipalidad. El fallo validó el decreto local que elimina la exigencia de aportes previsionales para autorizar la realización de obras particulares en Rosario.

El juez Mauro Raúl Bonato, al frente del Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Rosario, desestimó el amparo presentado por el Centro de Jubilados y Pensionados Ingenieros de Santa Fe. La demanda buscaba frenar el decreto 0804/2026 de la Municipalidad de Rosario, el cual elimina el control de aportes previsionales para autorizar obras particulares. Además, este fallo representó la primera resolución judicial que respaldó la autonomía municipal garantizada en la Constitución.

Argumentos del municipio y respaldo empresarial

Desde el Palacio de Los Leones argumentaron que la administración local debe agilizar los trámites de edificación y verificar únicamente la seguridad edilicia mediante la matrícula habilitante. Por consiguiente, la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda apoyaron esta desburocratización para acelerar los permisos. Asimismo, la Intendencia sostuvo que el gobierno rosarino no debe funcionar como un agente recaudador de entes externos.

Por otra parte, la resolución judicial aclaró que la ley Provincial 6.729 continúa totalmente vigente para los profesionales de la construcción. En este sentido, el magistrado confirmó que la Caja Previsional conserva intactas sus facultades de fiscalización y cobro judicial contra los deudores. Por lo tanto, el tribunal concluyó que la medida local no generó un perjuicio concreto ni incurrió en ilegalidad.

Vía judicial de la Caja e impacto en afiliados

A pesar del rechazo inicial, la entidad previsional agotó la vía administrativa e ingresó un nuevo reclamo ante el fuero Contencioso Administrativo. El presidente de la institución, Germán Picarrelli, advirtió que la norma rompe el flujo de ingresos y pone en riesgo la cobertura de 9 mil afiliados. Por su parte, la asociación de jubilados apeló la primera decisión y convocó a una manifestación frente a la sede municipal.

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