La Fiscalía solicitó una medida cautelar no privativa de la libertad para la joven que abandonó a su bebé recién nacido, quien murió a las pocas horas de vida.
Se trata de la joven estudiante de medicina que abandonó a su bebé recién nacido en un cesto de basura. El juez concedió la petición y ordenó su internación en un centro médico.
Este viernes por la tarde, en una audiencia de revisión de medida cautelar realizada en el Centro de Justicia Penal, la Fiscalía solicitó una medida no privativa de la libertad para Victoria D. la joven estudiante de medicina imputada por el abandono de su bebé, quien falleció por hipotermia.
Tomaron la decisión tras evaluar nuevos exámenes médicos y psiquiátricos que recomendaron su internación y tratamiento especializado.
El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Dr. Adrián Spelta, presentó el pedido y argumentó que el estado psiquiátrico de la joven requiere un cuidado intensivo y especializado. La medida solicitada establece que su padre cuide de la imputada, que continúe un tratamiento en una institución médica adecuada a sus necesidades y, de ser necesario, que la internen. Asimismo, se impuso la prohibición de salir del país.
El juez Hernán Postma, a cargo de la audiencia, concedió lo solicitado por la Fiscalía y ordenó que la internación y el tratamiento médico se realicen de inmediato. Además, instruyó la conformación de una junta médica para evaluar periódicamente su estado de salud y remitir los informes a la Fiscalía para un seguimiento constante.
Imputaron a Victoria D., estudiante de medicina, tras dar a luz en secreto y abandonar a su bebé en una caja dentro de un cesto de basura, donde el recién nacido falleció por hipotermia. El caso conmocionó a la sociedad, despertando un amplio debate sobre la responsabilidad penal y el estado de salud mental de la joven.
Decisión judicial y tratamiento médico
La decisión judicial de permitir que la mujer continúe su tratamiento fuera de prisión, bajo estrictas medidas de control, busca equilibrar su responsabilidad en el hecho con la necesidad de atender su delicado estado psiquiátrico.
La junta médica evaluará si la imputada debe continuar su tratamiento en libertad o si necesita una internación prolongada. Además, la prohibición de salida del país asegura que D’Aloisio no evada la justicia mientras se lleva a cabo el proceso.
El caso pone sobre la mesa la complejidad de tratar delitos en los que el estado mental del imputado juega un rol central. La justicia, al optar por una medida no privativa de la libertad, reconoce la necesidad de un tratamiento médico adecuado, mientras la Fiscalía sigue de cerca la evolución del caso.
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