La política migratoria de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump volvió a quedar en el centro del debate por el rol de sus agencias federales, muchas veces difíciles de identificar y cuestionadas por el uso de la fuerza.
En los Estados Unidos de Donald Trump, las imágenes de agentes federales con el rostro cubierto, chalecos antibalas y vehículos sin identificación se volvieron parte del paisaje mediático. Bajo ese escenario, distinguir qué fuerza actúa en cada operativo y cuáles son sus límites legales se transformó en un desafío incluso para la ciudadanía estadounidense.
Dos de los organismos más relevantes en esa trama son el ICE (Immigration and Customs Enforcement) y la Patrulla Fronteriza, ambos bajo la órbita del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aunque suelen mencionarse como si fueran lo mismo, tienen funciones y ámbitos de acción distintos que impactan de manera directa en la vida de migrantes y ciudadanos.
Qué es el ICE y cuál es su función
El ICE es una agencia federal creada en 2003, tras los atentados del 11 de septiembre, con el objetivo formal de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro del territorio estadounidense. No se limita a las zonas limítrofes: sus operativos se desarrollan en ciudades, rutas, aeropuertos y centros de detención.
Entre sus tareas centrales se encuentran la detención de personas con estatus migratorio irregular, la ejecución de deportaciones, la investigación de redes de tráfico de personas y la supervisión del cumplimiento de visas. También participa en causas vinculadas al contrabando y a delitos transnacionales.
Sus agentes suelen actuar con ropa táctica o incluso de civil, en vehículos sin insignias claras. Esa modalidad, criticada por organizaciones de derechos humanos, alimenta la percepción de una fuerza difícil de identificar y con márgenes amplios para el uso discrecional de la fuerza.
Qué hace la Patrulla Fronteriza y dónde opera
La Patrulla Fronteriza, en cambio, se concentra principalmente en el control de las fronteras terrestres y marítimas de Estados Unidos. Sus agentes patrullan zonas limítrofes, áreas rurales y pasos no habilitados, especialmente en la frontera con México.
Su misión declarada es prevenir el ingreso irregular al país, combatir el tráfico de drogas y armas, y detectar intentos de contrabando. A diferencia del ICE, su radio de acción está acotado a una franja que, en algunos casos, se extiende hasta 160 kilómetros hacia el interior del territorio desde la línea fronteriza.
Aun así, existen denuncias de controles y retenes que, para organizaciones civiles, exceden lo que la ley permite y generan un clima de vigilancia permanente sobre comunidades migrantes y latinoamericanas.
La delgada línea de los límites legales
La actuación de ICE y de la Patrulla Fronteriza se volvió aún más polémica tras casos en los que agentes de ambas agencias estuvieron involucrados en tiroteos fatales contra ciudadanos estadounidenses en un lapso de pocos días. Estos episodios reavivaron la discusión sobre excesos en el uso de la fuerza, controles sin orden judicial y detenciones alejadas del espíritu de la normativa migratoria.
Para especialistas en derecho migratorio, uno de los problemas centrales es la escasa transparencia sobre los protocolos internos. En muchos operativos no queda claro quién manda, qué agencia encabeza el procedimiento ni hasta dónde llega la autoridad de cada cuerpo federal.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes advierten que esta confusión institucional favorece abusos y dificulta las denuncias: la víctima muchas veces no sabe si fue detenida por ICE, por la Patrulla Fronteriza u otra fuerza asociada al Departamento de Seguridad Nacional.
Los recientes tiroteos mortales encendieron alarmas también fuera de Estados Unidos. Gobiernos de la región y organismos multilaterales siguen con atención cómo se aplican las políticas migratorias, mientras la Casa Blanca enfrenta cuestionamientos por el equilibrio entre seguridad interna y respeto a los derechos humanos.
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